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Los pies en el suelo

EDITORIAL ·

La desorganización normativa de la regulación del territorio en Cantabria hace insuficiente un planteamiento que se limite a retocar la Ley del Suelo

Domingo, 8 de mayo 2022, 08:03

Desde que empezó a adquirir competencias en ordenación del territorio y urbanismo, la autonomía de Cantabria ha experimentado serias dificultades para desarrollarlas adecuadamente, y además coordinarlas con las autonomías municipales y con algunas normativas nacionales y europeas. Aún están recientes las movilizaciones de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), víctimas de malas prácticas que generaron un problema con decenas de viviendas, que aún no se ha solucionado definitivamente y se arrastra desde finales del siglo XX. Pero podrían añadirse los problemas con numerosos planes generales de urbanismo, entre ellos los de Santander y Torrelavega; o la conversión en vía lentísima de lo que se concibió como vía rápida para habilitar suelo industrial, los PSIR, por no mencionar los casos de construcción desordenada y a veces desaforada en la franja litoral, cambiando radicalmente la fisonomía de villas y municipios otrora modelos de paisaje tradicional.

La autonomía se ha enredado, sin visión global consensuada, en numerosas normas parciales que a veces han suscitado el malestar de la ciudadanía, justamente por caer del extremo opuesto: un proteccionismo a ultranza que, al encarecer el resto del suelo, no protegido, ejerce un impacto de 'gentrificación' de parte de Cantabria, para los bolsillos más pudientes de la región o de las comunidades que aquí asientan su segunda residencia, notablemente País Vasco, Madrid y Castilla y León. Esto es negativo para los jóvenes y los hogares cántabros con menos ingresos y menos accesibilidad a la vivienda. Ante la carencia de un verdadero Plan de Ordenación del Territorio y de planes municipales actualizados, la regulación se convierte en un batiburrillo de planes viejos, zonas laberínticas de especial protección y normativas como las zonas de exclusión eólica o la propia Ley del Suelo que ahora se trata de renovar.

El PRC ha accedido, en transacción con su socio el PSOE, a limitar significativamente la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico, mediante un periodo transitorio al término del cual la restricción será ya casi definitiva. El Partido Popular, que ha ofrecido al Gobierno regional negociar este proyecto de ley, cree que se causará un perjuicio a muchas familias, no solo en la Cantabria vaciada del interior, sino también en la Cantabria prelitoral, cuyos núcleos de población se verán progresivamente avejentados y abandonados por la juventud local. Ciertamente, el terreno rústico no es el más indicado, en principio, para la ocupación residencial. Pero si las familias no tienen esta opción y en las zonas edificables los precios de la vivienda son prohibitivos en relación con los ingresos salariales de buena parte de la población, ¿cuál es la alternativa que se ofrece a todos estos ciudadanos? ¿Emigrar? ¿Disfrutar del 'marco incomparable' desde un piso compartido?

La Ley del Suelo, al legislar en abstracto, cierra los ojos ante la realidad sobre el terreno, que debería ser, por el contrario, establecida en un Plan de Ordenación del Territorio que presentara una cartografía detallada. En el aspecto procedimental, no es buena idea que el Gobierno de regionalistas y socialistas asuma que una mayoría absoluta es suficiente para una regulación de esta trascendencia. El año próximo hay elecciones y, si se crea el precedente de no buscar consensos, otros gobiernos de otro signo podrán modificar a su gusto la Ley del Suelo y entrar en una espiral de cambios normativos que solo pueden perturbar la vida de hogares, empresas y municipios. Hay que llegar a un consenso territorial y eso requiere alcanzar acuerdos básicos sobre el modelo de Cantabria que se quiere. De momento, la inercia lleva a un patrón de desigualdad creciente. Convendría legislar con los pies en el suelo y sin hipotecas ideológicas, escuchando a la ciudadanía y a las corporaciones locales de las diferentes comarcas.

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