Sí, nos pinchan ¿y nos compran?

Las mujeres han sido atendidas por vómitos, mareos, desvanecimientos, malestar general... o por miedo. Sí, no siempre ocurren los efectos citados, pero surge el miedo no solo en la afectada sino en todas las mujeres que este verano en nuestro país participan del ocio nocturno.

Aun así, no conseguirán expulsarnos del espacio público: no nos quedaremos otra vez en casa, emplearemos la sororidad que siempre nos ha hecho fuertes, nos acompañaremos y cuidaremos entre nosotras siempre que haga falta y no callaremos, denunciaremos cada agresión. Su odio no entrará en nuestras vidas.

Pero con ser este un problema importante, otros males nos acechan, esta vez de la mano de la judicatura, organismo del Estado que debía salvaguardarnos y que no solo no lo está haciendo, sino que acepta los presupuestos de los violadores.

Me refiero a los casos de dos policías municipales en Estepona y un agricultor en Murcia. En ambos casos las mujeres denuncian (esfuerzo cada vez más titánico, vistos los resultados), los agresores son identificados, los juicios tardan años en celebrarse y las mujeres (en el caso de Estepona una joven de 18 años y en el caso de Murcia una jornalera migrante de 33) no tienen fuerzas para reabrir un dolor que ya creían superado con las declaraciones anteriores. En este contexto sus abogados y la fiscalía, en uno de los casos, les recomiendan un acuerdo económico y la obligación de un curso de reeducación sexual a los violadores, lo que asumido por el juez los deja en la calle. ¿Nos oponemos a la educación sexual en las escuelas, pero aceptamos un cursito de reeducación para violadores como equivalente a la prisión?

Sabemos que la justicia tardía no es Justicia, pero el colmo es que los jueces asuman con esta ligereza los presupuestos de los violadores. ¿Tienen prisa por salir de vacaciones?

Igualmente, conocemos lo duro de la revictimización tras años de ocurrir el delito pero no se evita así, se hace con acompañamiento psicológico y aceptando las pruebas preconstituidas como una fórmula jurídica de protección de la víctima, al igual que ocurre con niños y niñas.

No aceptaremos inertes que todos los avances legislativos conseguidos se vayan al traste por la acción de una parte de la judicatura.