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Durante las últimas décadas se ha venido estudiando el uso de sustancias químicas para manipular la voluntad de las personas, habitualmente como paso previo a cometer un delito sexual. La detección de las sustancias implicadas, fundamental en la fase de investigación ante una aparente intoxicación ... involuntaria, es un reto en la pericia médico-legal debido a la rapidísima eliminación en sangre y orina de los tóxicos comúnmente empleados, y a la ausencia de rastro en cabello y pelo, muestras generalmente de gran utilidad en el análisis toxicológico.
Días atrás leíamos en este periódico que el domingo una niña de 13 años, tras sentir un pinchazo en una pierna en las fiestas de un barrio de Gijón, fue atendida en el hospital y dio positivo a GHB. Ese mismo día, cinco jóvenes aseguraban haber recibido un pinchazo en un festival de Santander, y el martes se publicaba cómo una chica que se encontraba en el mismo festival había denunciado comenzar a encontrarse mal a las ocho horas de beber una copa en la que sospechaba que le habían echado alguna droga; en estos últimos casos el análisis toxicológico fue negativo.
Si bien todos estos sucesos se están investigando y se desconoce si se encuentran o no asociados, llegan tras varios meses en los que, principalmente en Francia pero también en otros países europeos como Reino Unido, Bélgica o Países Bajos, han comenzado a surgir casos de clínica diversa (como vértigo, náuseas, dolor de cabeza o pérdida de conocimiento) precedida de la sensación de un pinchazo, habitualmente en mujeres jóvenes, durante actos en los que se concentran multitudes.
Se han ido presentando hipótesis sobre posibles sustancias administradas y sobre sus mecanismos de acción, pero la mayoría de las veces no se detecta ninguna durante el análisis toxicológico.
Aunque aún hay poca literatura científica sobre esta nueva práctica delictiva contra la integridad corporal, los medios de comunicación exponen que las denuncias por abusos sexuales asociadas son escasas, y tampoco se describen delitos contra la propiedad, lo que lleva a pensar que los agresores pinchan (y en ocasiones la clínica posterior hace inferir que inyectan un tóxico) a desconocidos sin otro fin que provocarles un daño.
Existen protocolos específicos en nuestros hospitales para el manejo de las intoxicaciones y concretamente para la actuación ante la sospecha de casos de sumisión química, pero se viene pidiendo (ya desde antes de los recientes acontecimientos) una mayor inversión en investigación toxicológica que permita detectar las sustancias de eliminación prácticamente inmediata comúnmente empleadas en este tipo de casos.
¿Cómo se está respondiendo como sociedad ante la alarma generada por la presencia de estas agresiones? Las pautas generales compartidas recaen en la víctima o potencial víctima: Por un lado, debe saber que existe el riesgo y tener cuidado (evitar asistir según a qué actos, estar alerta, no separarse de su copa, rodearse de personas conocidas...) y, por otro, en caso de síntomas/o de notar un pinchazo, pedir ayuda lo antes posible. Complementariamente, desde las administraciones se han ido implementando medidas; por ejemplo, es común en las noticias relacionadas con estos sucesos de distintas provincias de España ver que las víctimas recurrieron a los Puntos Violeta.
Llama la atención que todas las medidas de prevención e intervención se dirijan a las víctimas. Si bien los recursos para estas son fundamentales, ¿no sería deseable trabajar en conseguir una sociedad libre de agresores?
Aun cuando no parece tarea fácil, permítanme ser osada: la clave para mí está en la educación. La educación es algo muy amplio y complejo en lo que todos (padres, familiares y educadores, pero también administraciones a todos los niveles, medios de comunicación, creadores de contenidos...) somos agentes y debemos comprometernos. Las estrategias de prevención y las consecuencias penales son necesarias, pero sin educación, en vez de atacar la raíz del problema, estaremos únicamente paliando sus efectos.
Una población correctamente educada es una población con valores, justa, considerada, que potencia el bienestar del vecino. Una población educada evita la violencia como medio y, por supuesto, como fin.
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