Pobre respuesta del Gobierno

Por otro lado, las perspectivas sobre precios de alimentos básicos para las personas y para el ganado se han complicado por la guerra en Ucrania, ya que este país y Rusia son grandes productores agrarios. La reunión de la FAO ha suscitado el fantasma del hambre, y el país más poblado del mundo, India, ha restringido la exportación de su cosecha de cereal, lo que solo puede elevar aún más los precios. Mientras otras zonas del planeta se adaptan para cubrir la súbita caída de producto agrícola en el este de Europa, de nuevo tenemos un elemento de tensión para la cesta básica de la compra y para los ganaderos, por ejemplo en nuestra tierra de Cantabria, en la medida en que se vean afectados los costes de los piensos. Hay también una mayor necesidad de activar nuestras comarcas agrarias ahora, pero no veo celeridad ni contundencia en el Gobierno de España a este respecto.

Finalmente, el panorama se puede ir haciendo más difícil por la combinación de cuellos de botella en suministros de componentes asiáticos, con perjuicio para la industria de automoción, puntal del sector de manufactura en España y también en Cantabria. El automóvil no vendido, además, trae consecuencias en cadena: menos ventas e impuestos, menos empleos comerciales, menos ventas de seguros o préstamos de adquisición, y más contaminación al persistir modelos más antiguos y menos eficientes ecológicamente. Asimismo, es importante el impacto causado en industrias básicas previas al proceso de montaje, por ejemplo en acero, vidrio o componentes plásticos. Esta ralentización supone un problema considerable para el sector industrial y para nuestras exportaciones. Y el fenómeno puede extenderse a otros ámbitos de manufactura, como el textil.

Frente a tales obstáculos, España debería beneficiarse de la aplicación masiva de los fondos Next Generation que la Unión Europea puso en marcha para salir de la crisis del coronavirus. Sin embargo, en su último informa la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) se ha quejado de que el Gobierno no informa sobre el estado de ejecución de tales fondos y, por tanto, no es posible evaluar su repercusión sobre el crecimiento económico. Esta opacidad y oscurantismo, pues, no es un hecho que denunciemos solo desde la oposición parlamentaria, sino que también entidades independientes de puro carácter técnico (recordemos que el anterior director de la AIReF era el hoy ministro de Seguridad Social Javier Escrivá) lo están subrayando. Nadie sabe nada sobre la dimensión real de la ejecución de uno de los mayores programas de gastos, financiado por Europa, de la historia de España. No parece una situación muy democrática, ya que debido al apagón informativo ni los parlamentarios ni los ciudadanos en general pueden valorar el estado de cosas respecto de los fondos europeos. Haga usted un mínimo examen detenido de lo que sabe sobre este asunto, y se verá en la misma situación que estamos todos, incluidos los senadores: confusionismo total y una falta absoluta de rendición de cuentas por parte del Gobierno. Es algo de lo que tarde o temprano, me temo, deberemos quejarnos ante la Comisión Europea, la cual aboga siempre por la transparencia.

Esto es tanto más importante, cuando que los países del sur de Europa siempre hechos sido vistos con recelo acerca del empleo de los fondos de la UE. Precisamente ante un programa extraordinaria deberíamos hacer un ejercicio extraordinario de transparencia. Pero, sobre todo, es una cuestión de calidad democrática: los proyectos se están decidiendo sin un debate real sobre el futuro económico de España, sin consenso y en medio de un ocultismo que no es presentable.

Así pues, la situación actual es de elevada incertidumbre, que se debe no solo a un escenario internacional muy cambiante, sino además a malas decisiones del Gobierno de España, algunas por comisión y otras por omisión. El Partido Popular es consciente de la seriedad del momento económico, y de ahí que el presidente Nuñez Feijóo planteara desde el primer momento una alternativa económica para pactarla con el PSOE y otras fuerzas. Los socialistas, sin embargo, parecen muchos más interesados nombrar consejeros del Poder Judicial que por aliviar la carga económica en los bolsillos de los ciudadanos. Y últimamente están pasando a adjetivos de grueso calibre, que en poco benefician el necesario entendimiento en cuestiones de Estado. ¿Se ha podemizado el PSOE? Es una mala noticia.