La pobreza severa

Aunque, probablemente, sea conocido por los lectores, conviene recordar que se entiende que se está en pobreza severa cuando los ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional; si la unidad de consumo en cuestión está formada por un adulto, esto se produce cuando sus ingresos están por debajo de 5.941 euros al año, mientras que si, por ejemplo, está constituida por dos adultos y dos niños, la cifra se eleva a 12.419 euros. En cualquier caso, padecer de pobreza severa implica que algunas de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, etc.) de la unidad de consumo no pueden cubrirse de forma medianamente digna.

A nivel nacional, y según el informe 'El paisaje del abandono. La pobreza severa en España', el porcentaje de personas en tal situación ha ido variando de forma que si, en 2008, era del 7,4%, en el 2013, en el auge de la Gran Recesión, era del 11,2% y, en 2018, del 9,2%. Estas cifras ponen de relieve dos cosas; la primera es que la pobreza severa evoluciona de forma inversa a como lo hace el PIB; la segunda es que el aumento de la pobreza severa es, en las contracciones, más potente que su reducción en las fases de expansión económica.

En relación con el último año para el que se cuenta con datos fiables, 2018, la pobreza severa muestra una distribución regional muy heterogénea, con algunas comunidades fuertemente afectadas por la misma y otras bastante menos. Entre las primeras, Canarias y Murcia con porcentajes respectivos del 16 y 15,4, son las más destacadas, pero seguidas de cerca por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Entre las segundas, sobresalen los casos de Navarra, Aragón y Baleares, con cifras mucho más reducidas (2,5, 3,6 y 3,7%, respectivamente), pero también los de País Vasco y Cataluña. Cantabria, con un 8,3% de su población sufriendo de pobreza severa está algo mejor que la media del país, pero cerca de la misma

Esta distribución territorial de la pobreza severa pone de relieve, de nuevo, dos rasgos de interés. Por un lado, que las disparidades en esta materia entre las regiones mejor y peor situadas (cinco veces) son mucho mayores que las existentes en lo que concierne al PIB por habitante (dos veces). Por otro lado, y aunque la correlación dista de ser perfecta, que cuanto mayor es la renta per cápita de una comunidad autónoma menor es el porcentaje de su población en pobreza severa.

En cuanto a la forma de luchar contra esta lacra, si dejamos de lado el mecanismo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues su implantación es muy reciente, y prestamos atención a las rentas mínimas garantizadas por las autonomías, se aprecia que el sistema público es muy complejo, tiene escasa cobertura y ofrece prestaciones insuficientes. La complejidad viene del hecho de que las normas difieren, a menudo bastante, entre comunidades. La escasa cobertura se produce porque, salvo en los casos de Navarra y País Vasco, en los que la misma es igual o próxima al 100%, lo normal es que sea muy reducida: 15,8% de media nacional, pero por debajo del 4% en Castilla-La Mancha y Andalucía, y del 7% en Canarias y Murcia; en Cantabria se sitúa en el 23,3%. Por último, la ayuda prestada es insuficiente puesto que el importe medio por perceptor es de 186 euros al mes, cuando el IMV lo fija en 462; además, de nuevo sucede que la distribución regional es enormemente variada, ya que sobrepasa los 300 euros en La Rioja y País Vasco, y los 200 en Navarra y Cantabria, mientras que no llega a 100 en Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia.

Poniendo en conexión las cifras de afectados con las de cobertura y cuantía de la misma se concluye que, en líneas generales, cuanto menor es la primera, mayores son la segunda y la tercera. Un resultado, absolutamente lógico, pero que no hace más que agravar las disparidades entre regiones. Como la actual crisis del covid-19 incrementará, con toda seguridad, los porcentajes de personas en pobreza severa, es más que probable que, a tenor de lo expuesto, incremente también las desigualdades regionales.