El poder de la palabra

A estos efectos analicemos medidas de gobernanza que se han adoptado con el clarísimo fin de sostenerse entre vaivenes. Tal es acopiar apartados represivos en la Ley de Enseñanza, como lo es eliminar la enseñanza unisexual existente también en el resto del mundo, y que tiene tradición incuestionable a lo largo de nuestra Historia. Simplemente mirando al número de estos centros debemos respetar, obedecer y canalizar las diversas actitudes que se puedan presentar en la educación de los jóvenes para que sean estos o sus padres quienes decidan la conveniencia del centro en el que quieren formarse. Poner corsés a la enseñanza es demagógico, arriesgado y dogmático. Inventarse disciplinas para aleccionar en la dirección por ellos querida, tal como la educación sexual, es además de un despropósito una imposición de materia que no existe en ninguna disciplina literaria o científica. Decidir qué es lo mejor para nuestros hijos no está en manos del poder sino de quienes ejercen la libertad de elección. El fin del poder es utilizar los medios materiales para el justo equilibrio de los derechos y libertades de los ciudadanos. No lo es conceder prebendas a los socios en los que necesitan apoyarse para realizarse.

Creo que la sociedad tiene el deber de marginar y rechazar a quienes con sus fines espurios intentan romper equilibrios logrados durante siglos en nuestra tierra, cualquiera que sea su ámbito, bien en la enseñanza como hemos dicho y destacado, bien en la estructura de nuestro territorio que conforma un inmenso país por el peso de su Historia en el mundo, o bien en nuestra lengua a la que se retira o pretende retirar su carácter vehicular cuando ya en el orbe es reconocido por el enorme número de hispanohablantes que lo configuran. Esta intención es flagrante por violar la propia historia de nuestra lengua en todo el territorio nacional. Tenemos muchas Universidades donde los lingüistas ocupan un peso fundamental en el desarrollo del conocimiento que debe administrarse al alumnado, pero impávidamente no se les ha consultado sobre el peso de nuestra lengua en la sociedad y en el mundo a la hora de proclamar leyes que obligan a todos. Pero lo más trágico es llegar al convencimiento de que tales normas «irreguladoras» que pretenden aprobar forman parte de obsequios concedidos a partidos segregacionistas y populistas con el fin de garantizarse la permanencia en el poder. No hay más remedio que denunciarlo con todo el vigor que la fuerza de la razón pueda concedernos. Es preciso decir con toda claridad que los partidos segregacionistas bordean el límite de la Ley y hay que adoptar posiciones de rechazo universal a tales pretensiones y que así lleguen aquellos al convencimiento de que por más que remen en el desconcierto nunca llegarán a la consecución de sus objetivos rompedores. Pero por el contrario se están adoptando decisiones que les amparan y dan fuerza en el desempeño de sus objetivos ilegales. Y esto es inaceptable. Debemos agruparnos para plantarle cara a los despropósitos, que son posiciones cínicas insoportables. Sería importante adoptar una posición solidaria, fuerte y contundente, sin rasgarnos las vestiduras. Los arribistas, los demagogos, son el caldo de cultivo de todos los despropósitos que sufrimos de quienes incluso habiendo jurado la Constitución la ultrajan atacando a la Monarquía, que constituye además de un Título en nuestra Constitución, un símbolo indestructible de nuestra unión entre españoles.

Además, las «antimedidas» se adoptan subrepticiamente, sin dar la cara, enmascaradamente. Por tanto, nuestro deber es desenmascarar al impostor y levantar la voz ante tales afrentas irrespetuosas con el sentir popular, y así devolver al pueblo lo que es del pueblo. La demagogia en los gobernantes es un claro gesto dictatorial que emula épocas revanchistas anteriores.