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La amenaza de una oleada de insolvencias que pueden desembocar en concursos de acreedores, como consecuencia de la crisis sanitaria, es protagonista en las ... conversaciones de todos los agentes económicos; aunque a día de hoy nadie puede atisbar su magnitud, ni el grado de deterioro que puede causar en el tejido empresarial. Según datos del INE referentes a la pasada crisis económica, 2013 fue el año en que más deudores concursaron de todo el período, con un total de 9.937 concursos. Ahora se estima en algunos foros especializados que 50.000 empresas pueden estar abocadas al concurso como consecuencia directa de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Esto son sólo estimaciones, pero al igual que el sistema sanitario ha estado en riesgo real de colapso, en el plano económico también se corre un riesgo de colapso del sistema. En este caso, el sistema está compuesto por dos colectivos diferenciados.
Por un lado está la oficina judicial, esto es, el personal que integra los juzgados de lo Mercantil con los magistrados a la cabeza. Todos ellos desarrollaron en la pasada crisis una labor encomiable, adaptándose con eficacia, para tramitar y resolver los expedientes, a una ley que no fue concebida para un estado de crisis. Todos ellos merecen un reconocimiento público a su ingente labor. Pero el contacto directo y personal con el deudor, generalmente lo despeñan otros profesionales, abogados y economistas, asumiendo diferentes roles en el concurso, ya sea como promotores o como administradores concursales. También creo que es de justicia reconocer su dedicación y esfuerzo en la crisis pasada porque, en su inmensa mayoría, han volcado su esfuerzo en resolver satisfactoriamente el concurso garantizando la continuidad de la empresa.
Pues bien, pronto se empezarán a conocer las cifras reales de las empresas en situación de insolvencia y sabremos el alcance real de la presente crisis. La situación ahora es muy distinta. El causante ahora es un virus que nada tiene que ver con riesgos o decisiones empresariales equivocadas ni burbujas. Eso sí, muy dañino, como hemos tenido ocasión de comprobar y aunque las empresas, sobre todo las micro y las pymes son más débiles, en general tienen más músculo financiero que en la pasada crisis.
La consigna de nuestros gobernantes es que no falte liquidez y creo que esta es la piedra angular si con la implicación del sector financiero -me consta que lo está- se consigue que de verdad llegue a todos. Y aunque los escenarios que se manejan de recuperación ya no son en 'V', sí creo que se retornará gradualmente a la actividad -con permiso del virus o por mérito de la vacuna- en un horizonte de medio plazo. Finalmente y muy importante también, contamos con unos profesionales con amplia y acreditada experiencia en este tipo de situaciones. Me refiero a los abogados de empresa y economistas que, por formación, saben de la gestión empresarial y que, en gran medida, han desempeñado ya su labor como administradores concursales en la década pasada, por lo que acumulan una valiosa experiencia que puede ahora ponerse al servicio de la empresa para, con serenidad y sin precipitación, ayudar a diseñar estrategias que traten de evitar el concurso de acreedores. Estos profesionales realizarán un diagnóstico de su situación real, proponiendo medidas a adoptar para que retorne a la viabilidad, sin la intervención de los juzgados si es posible. Es importante, eso sí, la anticipación, no esperar a que la ola llegue y arrastre. Todavía caben soluciones de continuidad de la empresa, algo más cercanas a la resolución puramente judicial, pero con su intervención escasa: las conocidas como preconcursales, los acuerdos extrajudiciales y de refinanciación etc. Finalmente, el concurso de acreedores entendido como paraguas y escudo protector para llegar a un acuerdo con los acreedores a través de un convenio anticipado. No volvamos a cometer los errores pasados de acudir a un concurso de acreedores tardío y terminal para la empresa, a modo de cementerio de elefantes, donde el deudor concursado descansará desentendiéndose, al declararse el concurso.
Confío también en que la administración haya escuchado y escuche lo que las corporaciones profesionales que aglutinan el pensar del colectivo de administradores concursales vienen trasladándole, para que se arbitren mecanismos de simplificación que agilicen las tramitaciones de los procedimientos concursales y de los, hasta ahora deficientes en su funcionamiento pero tan necesarios, mecanismos de segunda oportunidad para familias. Y hay que decir claramente que se hace necesaria una revisión rigurosa de las retribuciones profesionales porque, sobre todo en el caso de la asistencia profesional en la segunda oportunidad, la cuenta de garantía arancelaria se quedó en el olvido.
No parece que el camino sea la expulsión de las listas judiciales de los mediadores que no acepten trabajar gratis. Por tanto, creo que según como se diagnostique y se actúe, la letalidad del virus será mayor o menor. Pero soy optimista, pues está en manos de todos que el Covid-19 no pueda con nuestras empresas.
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