Todos policías

Hemos escuchado al presidente de nuestro Gobierno regional decir que es conveniente denunciar directamente a las personas que incumplen las normas de protección sanitarias, como el uso de las mascarillas. De esa forma, en la búsqueda de combatir el coronavirus, se abre una vía llena de riesgos. Por un lado, parece que cada español deba transformarse en policía, cuando esa función debe quedar reservada para quienes tienen la formación y la autorización precisa. Por otro, existe el riesgo de enfrentamientos personales, porque no sabemos la reacción de las personas que sean apercibidas de su incumplimiento.

La solución no estriba en colocar un uniforme policial imaginario a cada cántabro, sino en activar a policías, guardias de seguridad privada y guardias civiles para que tengan más presencia en las calles y lleven a cabo esa tarea. En lugar de resucitar los viejos somatenes, lo que procede es aumentar la presencia de los cuerpos de seguridad en las calles y, sobre todo, dotarles de mayor autoridad. Uno de los problemas de los profesionales de la seguridad es la indefensión que tienen ante las agresiones y las acciones tumultuarias. Resulta casi cotidiano leer que, en cualquier lugar de la geografía española, un policía ha sido agredido sin que esa acción tenga una pena importante. En muchos casos, el autor del delito queda de inmediato en libertad a la espera de un juicio que se celebrará meses más tarde, con una pena que generalmente no llega a cumplirse.

El presidente cántabro ha expresado en voz alta lo que muchos piensan: que es necesario actuar contra aquellos que incumplen las normas y ponen en riesgo la salud de todos... pero esa labor la deben realizar los cuerpos de seguridad y los legisladores, incrementando las penas a quienes sitúan en riesgo la salud de todos.

El incremento de ocupaciones de viviendas ha disparado las alarmas en algunos ayuntamientos de Cantabria. Un alcalde de una localidad costera ha hecho un llamamiento a los vecinos para que se unan y eviten que el proceso de apropiación de casas siga en aumento. Este llamamiento, como el del presidente, se entiende ante la situación de evidente injusticia, pero incita a una serie de acciones poco acordes con la legalidad y, sobre todo, manifiesta las carencias de una legislación que ha demostrado, a lo largo de los últimos años, su incapacidad para impedir que acciones que, a la luz del sentido común se presentan como delictivas, queden impunes y signifiquen un grave deterioro de los derechos individuales.

De las palabras se llega a los hechos. Hace días, los vecinos de Meruelo han decidido formar patrullas vecinales para evitar que las personas que invaden casas y las ocupan sigan ampliando esa actividad ilegal. Este hecho se sustenta en el hartazgo de muchos cántabros ante una situación incomprensible que carece de cualquier explicación lógica.

El problema de la ocupación de viviendas tiene una solución que no cuesta dinero: reformar la legislación para que cualquier persona que invada la casa de otra sea desalojada de inmediato y además se la impute un delito. Cuando el consejo que se ofrece a quienes ven cómo su propiedad es invadida, destrozada y aprovechada por terceros, no es otro que tener cuidado con acosar a los ocupas, porque se puede incurrir en un delito, no debe sorprendernos que aparezcan movimientos ciudadanos que traten de actuar allá donde la ley no les defiende.

No resulta comprensible que se pueda invadir una vivienda vacía o habitada y que al autor de ese hecho no se le pueda acusar de ningún delito. Además, el dueño del inmueble debe acudir a los tribunales y esperar meses o años para recuperar su propiedad y recibirla, en muchos casos, con graves daños... que por supuesto no repara el autor. Es cierto que existen casos de especial gravedad: una madre con niños pequeños que se queda en la calle, una pareja de personas sin recursos, etc. Para esos problemas existen los servicios sociales de los municipios y del Gobierno regional. Para paliar esas situaciones se han construido en España miles de viviendas públicas que deben ser asignadas a esas personas que tienen necesidad perentoria. Lo que no es aceptable, es que miles de viviendas edificadas con dinero público sean también ocupadas por grupos delincuenciales que trafican con ellas y generan, en determinados barrios, una situación de violencia y ausencia de ley. Estos brotes de resistencia ciudadana son el síntoma de que algo grave sucede y que quienes tienen el poder y la competencia para arbitrar soluciones no cumplen con su tarea.