Policías indefensos

Lo preocupante no es que sepamos que se producen esos hechos violentos e ilegales, sino que resulten prácticamente impunes. La política de comunicación del Ministerio del Interior es el silencio. Se oculta, tras el escudo de la protección de datos, que la inmensa mayoría de los agresores son puestos en libertad al día siguiente de su detención y tampoco se publicita la sentencia cuando -tras meses de espera- se conoce el veredicto. Y ese silencio se impone porque en muchos casos o bien se absuelve al agresor o las penas son mínimas.

Hemos visto acciones de extrema violencia en Barcelona causadas por grupos independentistas, con daños cuantiosos, pero nada conocemos de qué sucedió con los pocos detenidos, porque en la mayor parte de los casos la condena fue tan leve que el conocimiento público de la misma alimentaría el clima de impunidad.

Un principio de los países democráticos en materia de orden público es aquel que permite los máximos márgenes a la libertad y, en paralelo, garantiza que quienes abusen de ese principio reciban una condena proporcional. Antes de que el terrorismo obligara a cambiar la vida de millones de personas, los policías británicos tenían a gala patrullar las calles sin armas de fuego. Como contrapeso, la legislación era de especial dureza con quienes agredieran a un 'Bobby'.

No resultan pedagógicas las escenas de guardias golpeados, de saqueos en comercios o simplemente esas imágenes dignas de una película en las que un helicóptero de la guardia civil persigue a una narcolancha, en el estrecho de Gibraltar, sin que las órdenes de alto sean obedecidas. Son los garantes del orden quienes arriesgan su vida, e incluso mueren, por perseguir generalmente sin resultado positivo a los delincuentes. Recientemente un miembro de las fuerzas de seguridad falleció cuando el helicóptero que perseguía a una lancha rápida de unos delincuentes sufrió un accidente. Los españoles perciben que se han invertido los valores y que quienes están en peligro son los policías mientras los delincuentes -¡presuntos, por supuesto!- se sienten seguros.

Un ejemplo próximo en el tiempo y en el espacio lo tenemos en Cantabria con el robo de once pistolas y numerosa munición en la sede de la policía local de Los Corrales de Buelna. Ahora sabemos, lo publicó este diario en exclusiva, que los autores son una banda de delincuentes habituales de Vizcaya conectados con otro clan. La policía vasca dice textualmente al referirse a los presuntos autores: «estas personas son delincuentes habituales y cometen casi a diario hechos delictivos de variada índole». Las autoridades reconocen la impunidad de quienes de forma reiterada cometen delitos sin que se pueda evitar que sigan actuando.

Con una legislación tan garantista, que parece redactada para favorecer a los delincuentes, los profesionales de mantener la legalidad se encuentran en una clara posición de inferioridad. Si a todo ello se suma que un partido político, con importante respaldo popular, no solamente sitúe a un hombre acusado de agredir a un policía en su candidatura, sino que tras ser condenado en firme le proteja, vemos la situación de debilidad en que se deja a las fuerzas del orden.

En España se necesita apuntalar la imagen de las fuerzas de seguridad, que son quienes garantizan el cumplimiento de la ley que emana de un parlamento elegido por los españoles con plena libertad. Una forma de ayudar a que la policía cumpla con su deber es la de hacer más transparente la realidad. Los españoles, que son los depositarios de la soberanía, deben estar informados de lo que sucede con quienes delinquen. Los responsables del ministerio de Interior, en todos sus niveles, tienden a ocultar delitos menores o a no informar del final de los casos abiertos, porque creen que difundir lo que sucede produce alarma social. La autoridad de las fuerzas del orden no se debe menoscabar de forma permanente.