Política acientífica

Algunos políticos actúan de forma acientífica. Activan procedimientos y pese a que su aplicación demuestre que son inútiles insisten, una y otra vez, en el error. Las consecuencias las pagan los ciudadanos que ven como se derrocha el dinero de sus impuestos o como normas claramente ineficientes se mantienen a pesar del año que causan. Los ejemplos abundan. El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), luchador incansable para defender los derechos de quienes adquirieron una vivienda con todos los requisitos legales y que desde hace años padecen el infierno de esperar a que se derriben sus casas, ha lanzado un ultimátum a alcaldes, jueces y Gobierno de Cantabria.

En nuestra región varios cientos de familias sufren durante lustros la pesadilla de ver amenazados sus hogares por la aplicación de unas leyes que se han demostrado inútiles e ineficaces. En España se ha impuesto una política de planificación en grado superlativo y se ha pretendido organizar el desarrollo urbano con unos requisitos complicados, opacos, que rayan en los planes quinquenales soviéticos. Con este método se ha impuesto un rígido corsé burocrático a la construcción de viviendas y al trazado de pueblos y ciudades.

Las consecuencias de décadas de dirigismo se aprecian: el rechazo a la construcción en altura ha llevado a extender las edificaciones ocupando un terreno que bien podría ser zona verde, de la misma forma ese desarrollo horizontal obliga a tender kilómetros y kilómetros de cables, fibra óptica, tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua, etc. La degradación ambiental es mayor y el consumo de materias primas también.

A la fobia a edificios en altura se ha unido la paranoia de intentar controlarlo todo: se pretende un ordenamiento tan complejo y detallista que termina por ahogar un desarrollo sensato y racional. Basta con comprobar como muchos municipios de Cantabria llevan lustros intentando redactar un plan de urbanismo sin lograr el objetivo. Ayuntamientos que ven como año tras año se incumple la promesa de que muy pronto estará aprobado un plan de desarrollo urbanístico. Tenemos ejemplos desde grandes núcleos urbanos, como Santander, hasta localidades medianas como Suances o pequeñas como Argoños. La experiencia demuestra que ese prurito ordenancista ha fracasado, porque lejos de evitar excesos los ha permitido y además ha paralizado un crecimiento lógico de los núcleos urbanos.

Los casos de viviendas con sentencia firme de demolición en Cantabria ofrecen ejemplos singulares, que destierran cualquier responsabilidad de quienes adquirieron las casas: en Escalante está sentenciado un edificio de gran porte que se ha edificado frente a la sede del Ayuntamiento en el mismo centro del pueblo. Ni por volumen ni altura desentona con el resto de inmuebles. En Suances, la redacción del plan general de ordenación urbana sigue dando vueltas durante años y años sin que se vislumbre la fecha de su aprobación, mientras los vecinos padecen las consecuencias de estar sujetos a un modelo pensado para finales del siglo pasado.

Si se aplica un criterio científico es evidente que el sistema de control del desarrollo urbanístico ha fracasado: por una parte, mantiene el mecanismo que puede generar corrupción que no es otro que el de la revisión de los planes, de manera que un terreno puede cambiar de calificación -y de precio- por una simple decisión técnico-política. Por otra, se ha generado incertidumbre legal, ya que quien adquiere una vivienda con todos los requisitos y pago de los consiguientes impuestos queda al albur de que, tras una denuncia de parte, los tribunales encuentren algún error en el enmarañado proceso de aprobación del plan y lo declaren ilegal. La Asociación de Afectados por la Administración -veinte años en busca de justicia- ha lanzado la pregunta clave «¿por qué las entidades locales y la Administración autonómica están gastando dinero en PGOU interminables, que no acaban nunca?», y pide la intervención de la fiscalía, porque es evidente que la responsabilidad de esta situación no es huérfana.