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Cuando somos el tercer país del planeta con más fallecidos por coronavirus, y el segundo con más muertes de esta enfermedad por millón de habitantes, cualquier intento de presumir de gestión de la epidemia cae por su propia base. Solo Bélgica ha protegido peor que ... España a su población. Una sola comparación: Cantabria registra 328 fallecidos por millón de habitantes y España casi 520; la cifra de Italia es 458, Reino Unido 392, Francia 360. Los 'Denostados Unidos' de Trump anotan 185, la mitad que Cantabria. Y Alemania se apunta 75. A dos meses vista del inicio de las alarmas, este es el retrato de lo que unos y otros han permitido hacer al Covid-19. El primer respeto a los que han muerto es la verdad.
Ahora queda por determinar si también encabezaremos el ranking de mala gestión del impacto económico. El descalabro de marzo ha sido suficiente como para marcar todo el primer trimestre de 2020 con un desplome histórico e inédito, registrado por el INE. Y aún queda por encajar el confinamiento de abril y la lenta normalización de mayo y junio. El trimestre de verano, que recibe el impulso del turismo y el comercio, no contará esta vez con los millones de 'guiris'. El propio turismo nacional se mostrará recatado, con más miedo a gastar que a enfermar.
Esta misma semana, la Seguridad Social ha abonado la prestación extraordinaria a los autónomos que han debido cesar su actividad: son casi un 40% de total de trabajadores por cuenta propia de Cantabria, y se han quedado en fuera de juego en un visto y no visto. El atasco en la resolución y abono de los expedientes de regulación de empleo es homérico y deja sin liquidez a muchos hogares. Unos 1.500 autónomos adscritos a mutualidades se quedaron fuera de posibles ayudas. La hostelería y el comercio recelan ante las aperturas draconianas que se les proponen. Funcionarios y políticos se empeñan en condicionar ayudas al mantenimiento del empleo pre-Covid aunque los mercados de dichas empresas hayan encogido. Y en la carrera para tapar el agujero de gasto sanitario, quitan dinero de las obras públicas, únicas con capacidad para contratar gente de inmediato. La construcción de Cantabria ha presentado un documento de propuestas muy interesante, guante que no se ha recogido.
Esta semana se nos ha querido comunicar la ilusoria idea de que con una recomposición de partidas por 90 millones de euros ya vamos a salir del paso. Muy al contrario: para afrontar una caída del PIB que puede alcanzar dos dígitos y un desempleo (y subempleo) masivo, se necesitará un plan especial de no menos de 1.500 millones de euros, ejecutable en 2020-2022. Esto no debería parecer a nadie una exageración. La exageración es firmar 90 millones, que no llegan ni a un 0,6% del PIB regional, y darse a la meditación trascendental mientras la cola ante la Cocina Económica crece.
Una quinta parte de esta suma que sugerimos equivale al superávit de los ayuntamientos cántabros: han cobrado muchos más impuestos que los que han gastado, y ahora que sus vecinos están en apuros, lo lógico es que movilicen ese dinero en obras públicas, compras públicas y ayudas públicas. Pues ese dinero, si no, estaría ahora muy bien en el bolsillo de las familias y los comercios para la 'resistencia', y no en la cuenta durmiente de las administraciones locales. Se les debe no solo autorizar, sino obligar a gastarlo. Y aun si incurren ahora en un déficit, ya sabemos con certeza que lo podrán corregir con facilidad en el futuro, así que no hay excusas. La demanda interna ha caído, según el INE, casi 6 puntos súbitamente, y la externa no irá bien porque nuestros socios europeos son los países más trastornados por el virus. Se necesita activar la demanda pública de inmediato.
Los otros 1.000 millones del programa también pueden obtener financiación. Si el Estado abonase a Cantabria lo que según nuestro Presidente se debe por Valdecilla (120 millones de euros) más el IVA de diciembre de 2017 que el Estado cobró pero no nos transmitió, habríamos financiado ya unos 160 millones. Del total nos quedarían por obtener 840 millones. Y no parece que sea tarea de romanos conseguirlos para un gasto trienal por una triple vía: 300 de programas especiales europeos, 300 en programa especial nacional y 240 mediante la colaboración privada en proyectos de interés público con mecanismos mixtos y concesiones de gestión largo plazo (en vivienda, en equipamientos culturales y en muchas otras áreas, como la eficiencia energética).
Hay otra parte, no onerosa pero tampoco con menos trascendencia económica. Lo ha solicitado un reconocido emprendedor torrelaveguense en este diario y es sentir unánime de las empresas: agilidad. Se deben declarar de emergencia la mayoría de los trámites y acortar los plazos. Como se dice en el Evangelio de San Marcos, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. El objetivo de los procedimientos es servir al ciudadano. Y el ciudadano necesita una careta de Keynes en cada ventanilla.
La emergencia es también administrativa. No es preciso recordar a los empleados públicos lo que ocurrió con sus salarios en la última recesión. Reanimar la economía sería apremiante incluso por propio egoísmo del político y el funcionario, que no se librarán de la quema: solo se chamuscarán un poco más tarde. Y este fuego es australiano, llegará a todas partes.
A la agilidad habría que añadir: realismo productivo. La industria de Cantabria no puede seguir mareada con la transición energética. Supone uno de cada cinco euros que se generan en la región y mueve mucho más en servicios y transportes. El día en que desaparezca, los sindicatos tradicionales durarán lo que un gato en una pescadería. Y la Cantabria rural no va a prosperar si la urbana languidece, pues la costa es el cliente de la montaña, el frigorífico explica la cuadra.
El sábado se hizo para el hombre y, cuando hay catatroc productivo, toda política es sábado, digo económica.
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Ana del Castillo
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