Portugalete, un toque de atención

El hecho de referencia ocurrió en una vivienda de una señora de 94 años, que la había dejado vacía unos días para ir a visitar a su hermana, y que dos adultos con dos niños habían ocupado y cambiado su cerradura, lo que impidió que la dueña, cuando regresó a su domicilio, pudiese acceder al mismo. La denuncia de tal atropello no posibilitó, sin embargo, que la propietaria de la vivienda pudiese volver a su casa, ya que la policía le dijo tendría que esperar a la correspondiente resolución judicial, cuya vista, en principio, se celebraría meses después.

Los vecinos del barrio en el que tal señora vivía decidieron manifestarse para apoyar a la misma, dándose el absurdo de que la policía tenía que proteger a los okupas mientras el juez no decidiese el correspondiente desalojo – si es que lo decidía, so pretexto de que había dos menores– lo que dio lugar a que un día los concentrados se fuesen acalorando hasta llegar a estar dispuestos a entrar por la fuerza en la casa y desalojar a los ilegales ocupantes. La tensión fue en aumento hasta el punto de que los propios okupas pidieron a la policía que los sacara de la casa, temerosos de su propia integridad física, lo que así hicieron las fuerzas de orden público.

Animados por el éxito de su acción los concentrados se dirigieron a apoyar a otros dos vecinos cuyas viviendas también habían sido ilegalmente ocupadas, con resultado favorable a sus objetivos ya que los correspondientes okupas, tan pronto supieron de sus intenciones, desalojaron tales viviendas antes de que llegasen a ellas los indignados vecinos.

Se ha dicho que las acciones realizadas por los vecinos de Portugalete fueron ilegales. ¿Será, entonces, legal ocupar una vivienda vacía, sin ningún título para ello, y cambiando su cerradura hacerse fuerte en ella, impidiendo el acceso a la misma a sus legítimos propietarios?. Se nos dirá, con razón, que nadie puede tomarse la justicia por su mano. En eso, cualquier demócrata estará de acuerdo, pues lo contrario sería volver a la ley del más fuerte, pero es fácil entender también la dificultad de admitir que quienes ocupen ilegalmente una vivienda no sean desalojados de ella de forma inmediata –y digo de forma inmediata, no después de varios meses, cuando no años– y puestos a disposición de la justicia, pues lo contrario, como ocurre actualmente, es totalmente injustificable y absurdo.

Hechos como los anteriores se han reproducido posteriormente en Santurce, población también vizcaína, en la que los vecinos intentaron forzar la salida de los okupas que habían invadido varios pisos en tal población, si bien la intervención de la policía autonómica, al carecer de una orden judicial de desalojo, posibilitaron que los okupas siguieran dentro de tales viviendas –y encima, supongo, como ocurre en análogas situaciones, utilizando sin límite los correspondientes servicios de agua, gas, electricidad, etc. al seguir los mismos a cargo de los legítimos propietarios, sin que tal absurda situación parezca preocupar a la justicia– aunque, posteriormente, ante el miedo a la acción vecinal, algunos okupas entregaron las llaves de las viviendas que ilegalmente ocupaban a sus propietarios.

¿Nos imaginamos que ocurriría si un verano cualquiera, cuando muchos ciudadanos salen de las grandes ciudades para pasar las vacaciones en sus lugares de descanso, un número significativo de cargos judiciales o políticos encontrasen sus viviendas forzadas y 'okupadas', sus cerraduras cambiadas y para mayor garantía de continuidad en ellas cada una de las familias okupas se hiciesen acompañar de uno o más niños? Pues eso, seguro que pasaría lo que usted, amable lector, y yo estamos pensando.

Es seguro que mucha culpa de la situación actual la tiene una legislación inadecuada, por lo que, admitida tal premisa, cabe preguntarse: ¿A qué esperan nuestros representantes políticos para modificar, de una vez por todas, la actual normativa legal para que de forma automática quien vea ilegalmente ocupada su vivienda pueda recuperarla de inmediato y quienes en ella entraron sean detenidos y puestos inmediatamente a disposición de la justicia?

Una cosa está clara, o la legislación se adecua y la justicia actúa con inmediatez, y ello permite solucionar el problema que representa actualmente la 'okupación' de la propiedad privada, o el pueblo, cansado de sufrir la indefensión que hoy padece, puede acabar tomando la justicia por su mano, con las graves consecuencias que ello puede representar para la paz social en nuestro país.