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Quienes hemos pasado parte de nuestra infancia churrando en las cuadras de nuestros abuelos -paternos y maternos- o agachando el lomo en agosto para recoger las patatas sabemos que el sector primario y rural ha vivido mejores momentos. Las familias ganaderas y agrícolas llevan ... mucho tiempo reclamando soluciones para su actividad. Entre otras, que no se venda a pérdidas la leche y otros productos, esto es, que no te encuentres el tetrabrik a 30 céntimos cuando cubrir los costes de producir la leche requiere 40 céntimos. Los últimos meses hemos visto a destacados dirigentes de PP, Vox o Cs en Cantabria jalear las movilizaciones ganaderas e, incluso, casi quitarles la pancarta para ponerse ellos, en un ejercicio bastante obsceno para quienes sí estamos acostumbrados a participar en las concentraciones junto a este sector y en tantas otras actividades que requieren compromiso colectivo. Sin embargo, tras meses de enmiendas a la Ley de la Cadena Alimentaria en la Comisión de Agricultura del Congreso, el jueves 2 de diciembre, cuando tocaba aprobar eso mismo que les decían, PP y Vox votaron en contra y Cs se puso de perfil. De nuevo, se situaron de parte del eslabón grande en lugar de con el pequeño. Eso sí, desde Izquierda Unida y el grupo Unidas Podemos, el Gobierno de coalición y la mayoría de partidos aprobamos sus justas peticiones: se prohíben las promociones abusivas, se crea un registro digital y público de contratos alimentarios, se anulan las cláusulas abusivas como las ventas a pérdidas o se establece la posibilidad de que los estudios del Observatorio de Precios sean indicadores de costes.
Y, aunque queda camino, el primer paso está dado. Porque acompañar en la calle es necesario, pero traducirlo en ley es imprescindible. Y en esto las instituciones de Cantabria no pueden ni deben quedar al margen ya que para apoyar al sector primario hay que ser honesto con él. La realidad es que Cantabria no cuenta con un Plan integral para el sector primario o, particularmente, para el ganadero. Es decir, no hay estrategia a corto, medio y largo plazo que guíe la acción pública. Y no será por falta de competencias, pues nuestro Estatuto de Autonomía permite desarrollar normativa propia y, así, promocionar, proteger y garantizar la sostenibilidad del sector e impulsar su valor cultural, social, ambiental o económico.
Son muchos los retos del sector primario: la ley del suelo, los proyectos eólicos, los precios, el reparto de la PAC o la convivencia con el lobo -cuyo plan ha fracasado-. ¿Qué hace el Gobierno de Cantabria? No abordarlos o, peor, potenciar sus errores.
¿Ha explicado ya el Gobierno de Cantabria a las familias ganaderas cómo la ley del suelo va a permitir hormigonar los prados donde hoy pacen las vacas, en lugar de proteger el suelo rural y fértil para garantizar esta actividad para generaciones futuras? ¿Ha explicado ya el Gobierno de Cantabria a las familias ganaderas cómo proyectos eólicos como Garma Blanca y otros prevén partir fincas, hoy pacidas por el ganado, a la mitad? Se lo pueden decir a mis vecinos de Riotuerto o de las comarcas de Trasmiera, Valles Pasiegos o Campoo.
Sobre los precios, ¿se han planteado alguna vez cortar las ayudas a grandes superficies y supermercados que pagan por debajo de producción? ¿Y una ley para la gestión directa de comedores de colegios, hospitales o residencias públicas y así pagar un precio justo sin intermediarios a los productores?
Sobre la PAC, hay una empresa en Cantabria que recibió casi dos millones de euros mientras la mayoría de ganaderos sólo unos miles. De hecho, hace unas semanas se manifestaron frente a ella. El Gobierno de Cantabria le ha inyectado más de cuatro millones desde 2016.
Sobre el lobo, el Gobierno de Cantabria reventó la mesa en 2017 y ha llevado a un callejón sin salida a las familias ganaderas, perdiendo un tiempo hermoso para que adaptasen su actividad con el apoyo público. Por cierto, ningún Gobierno de Cantabria ha legislado para facilitar los circuitos cortos y la venta directa de pequeños productores, pese a que la Unión Europea lo permite desde 2004. ¿Quién lo ha hecho? El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la pandemia, quien apoya la ganadería extensiva y autóctona y el consumo responsable de carne, por mucho que Revilla y Blanco pretendan manipular. Porque no es lo mismo predicar que dar trigo.
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