Presente y futuro de la infancia

Desde Unicef valoramos los grandes logros alcanzados a favor de los derechos de la infancia desde entonces; pero también recordamos los grandes retos y desafíos mundiales pendientes: más de 149 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica; más de 260 millones de niños y niñas no pueden ir a la escuela o completar su formación; tres de cada cuatro niños y niñas reciben formas de disciplina violenta; 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años han sufrido agresiones sexuales; y hay más de 36 millones de niños desplazados forzosos.

Los anteriores factores, y otros muchos, como el cambio climático o la pobreza, influyen en la salud mental y el bienestar emocional, psicológico y social, que afecta a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Determina nuestra habilidad para manejar el estrés, relacionarnos con otros y tomar decisiones que repercuten en nuestro equilibrio. Una buena salud mental y un bienestar psicosocial son esenciales para que prosperemos y alcancemos nuestro potencial, importante en cada etapa, desde la infancia y la adolescencia a toda la vida adulta.

La salud mental, pese a ser un asunto global, tiene muchas aristas, es tan amplia que no siempre la disfrutamos completa, pudiendo sufrir síntomas, afecciones coyunturales y hasta discapacidades psicosociales crónicas. El 13% -uno de cada siete niños y adolescentes de 10 a 19 años- vive con un problema de salud mental diagnosticado. La mitad de los trastornos de salud mental empiezan hacia los 14 años, y el 75% se desarrollan a los 24, pero la mayoría de casos quedan sin detectar ni, por lo tanto, tratar. En total, 800.000 personas mueren a causa del suicidio cada año, la mayoría jóvenes (es la cuarta causa de muerte entre los 15 a 19 años). En Cantabria, según la encuesta realizada por Unicef España junto con la Universidad de Santiago de Compostela para el estudio sobre infancia y tecnología, con las respuestas de más de 2.000 adolescentes cántabros, se reveló que el 13,4% presenta síntomas de depresión grave o moderadamente grave.

La infancia y la adolescencia son periodos clave en los que se interiorizan estigmas nocivos, normas sociales y de género que se enquistan en papeles que devalúan sus vidas y reducen sus libertades. Los riesgos son especialmente graves para los más vulnerables, para quienes viven en contextos de emergencia humanitaria o entornos de bajos recursos, se enfrentan a la violencia, la negligencia y al abuso en sus hogares, o para quienes tienen alguna discapacidad.

La raza y el género pueden jugar también un papel en determinados ambientes. Para demasiados jóvenes la salud mental sigue suponiendo retos significativos. El estigma y la falta de comprensión de los problemas de salud mental pueden afectar negativamente a las relaciones de niños y jóvenes con sus familias y con sus pares, y derivar en exclusión social en las escuelas, los deportes y la sociedad. Aún hoy, pese al progreso de los últimos años, siguen persistiendo creencias y actitudes negativas que pueden provocar que la gente se avergüence y no pida el apoyo que necesitan y merecen. Aumentar el conocimiento sobre salud mental, la aceptación y la comprensión a todos los niveles, incluyendo las políticas de los gobiernos, es clave para terminar con los nocivos impactos del estigma y la discriminación. Las graves brechas existentes en la atención a la salud mental son resultado de una infrafinanciación histórica, falta crónica de financiación en servicios de atención, prevención y promoción, y de la interrupción de los ya de por sí escasos debido a la Covid-19, con lo que niños y jóvenes no han tenido el apoyo que necesitan.

Desde Unicef Comité Cantabria recordamos la importancia de garantizar el desarrollo, el bienestar y las oportunidades de todos los niños y niñas para disminuir y evitar las situaciones que comprometen su supervivencia, su nivel de bienestar y su futuro. Y recomendamos escuchar a los niños, niñas y adolescentes, apoyar a sus familias y cuidadores para que entiendan mejor sus necesidades; reforzar el papel de los centros educativos para garantizar que las escuelas sean entornos verdaderamente protectores del bienestar emocional; y asegurar la inversión necesaria, hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar la realización efectiva de los derechos de la infancia, con un enfoque de equidad para impulsar políticas, planes y programas que no dejen a ningún niño o niña atrás.