Prevaricación

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) 000307/2021 declara nula la resolución de fecha 15 de agosto de 2020 por la que «se suspende la apertura al público de las discotecas y salas de fiesta, bares especiales, pubs y whiskerías».

Los fundamentos parten de la reciente Sentencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) estableciendo la protección del derecho a la libre empresa a la que se constriñe sustancialmente con las medidas adoptadas y por otra que el régimen de delegación de atribuciones para dictar normas restrictivas de ese derecho no alcanza a las facultades o competencias de un consejero de una comunidad autónoma, es por ello que son nulas todas las resoluciones dictadas por un órgano incompetente, las cuales se adoptaron en base a una delegación de facultades contraria a la ley.

Después de esta sentencia tendría que estar ya muy claro que el consejero de Sanidad, sin un marco jurídico como el estado de alarma por pandemia sanitaria, no tiene en estos momentos ninguna autoridad para cerrar o limitar ningún horario en la hostelería.

Pues bien, hace dos días me levanto con el siguiente titular de El Diario Montañés: 'Sanidad cerrará el ocio nocturno desde el martes en los municipios con más incidencia de covid'. En la noticia se aclara que adelantará el semáforo covid (otra de las herramientas que tumbó el Tribunal Supremo de Cantabria) al lunes, y los municipios que pasen a nivel 3 tendrán que cerrar el ocio nocturno.

Cuando leo esto me pregunto si nuestro consejero o bien no sabe leer los autos judiciales, o bien las sentencias judiciales le dan igual. No sé cuál de las dos opciones es peor, aunque como bien se dice y es un principio de derecho 'Ignorantia juris non excusat' para el primer supuesto. Si fuera la segunda opción, estaríamos ante un caso flagrante de prevaricación. Al final todos los caminos llevan a Roma, y esto significa que en esta comunidad todo, absolutamente todo lo relacionado con el covid, es culpa de la hostelería, de toda en general y del ocio nocturno en particular.

Hemos tenido que acostumbrarnos a los geles hidroalcohólicos, a trabajar turnos completos sin parar con mascarillas, a tener un programa de trazabilidad, a pedir el pasaporte covid... Somos el sector sin duda alguna con más normas contra el covid, y además de cumplir todo esto, tenemos que lidiar con un consejero de Sanidad que lo único que hace para justificar su sueldo es poner restricciones a la hostelería, y culpar a la ciudadanía y a los propios hosteleros por no pedir el pasaporte covid.

Ahora este señor quiere arruinar una de las fechas más importantes del año para la hostelería como es la Nochevieja. Para que se hagan una idea, es como si a los comercios les suspendieran el Black Friday, o si las jugueterías no les dejaran vender juguetes en Navidad -sería casi la ruina para cualquiera de los dos sectores-.

Además de esto, nunca he escuchado al consejero pedir por perdón por sus acciones, una vez la justicia ya le ha dicho claramente que se extralimitó en sus funciones a la hora de cerrar o limitar los horarios del ocio nocturno. Está claro que esto a él no le importa, su sueldo de más de 65.000 euros anuales más dietas (según el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria), sigue siendo el mismo pase lo que pase, y sobre todo y por desgracia, caiga quien caiga. Aunque como coloquialmente se dice en mi barrio esta 'fiesta' nos va a tocar pagarla a todos los cántabros. Y con 'fiesta' me refiero a la cantidad de demandas que va a tener que pagar este Gobierno por habernos cerrado ilegalmente a todos los hosteleros, dinero que saldrá de los impuestos que pagamos todos los cántabros.

Como conclusión solo cabe preguntar al consejero de Sanidad si va a hacer caso a la justicia, o se va tomar la justicia por su mano.