Problemas en la industria regional
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Obligaciones propias de España y de Cantabria no se están atendiendo con la agilidad que reclama la coyunturaBuena parte de la industria de Cantabria parece haber entrado en una situación muy diferente a la del ciclo de recuperación de estos últimos años. Compañías de referencia en sectores como el siderometalúrgico y metalúrgico, el químico, el de electrodomésticos, el de material de construcción ... y el de componentes de automoción ven omprometida su viabilidad y se disponen al ajuste de plantillas y a planes de supervivencia. Además, algunos proyectos relacionados con la minería que se habían presentado como alternativas reindustrializadoras ya no producirán resultados a corto plazo, y se desconoce si a medio y largo. La impresión no es alentadora, por más que haya que mencionar, en el lado positivo, hitos como el nuevo complejo farmacéutico en Villaescusa y un puñado de inversiones empresariales que se anuncian en diversos puntos de la región, además de la estabilidad en la industria agroalimentaria. Sin embargo, el resfriado de la gran industria tiene una capacidad mayor de poner en un brete a la economía cántabra. Sus apuros repercuten tanto en sus trabajadores como en sus proveedores de materias primas y servicios, en el tráfico portuario, ferroviario y por carretera, y hasta en las compañías suministradoras de energía. Esta menor actividad supone además menores ingresos públicos por IVA, IRPF e impuestos en la factura eléctrica. La industria es un fantástico motor cuando funciona y un enorme problema cuando deja de hacerlo.
Las causas de esta mala evolución de parte del tejido industrial regional son variadas. Se han producido circunstancias adversas de ámbito internacional, como el esbozo de un cambio de paradigma en el sector del automóvil; la contienda arancelaria desatada por Estados Unidos; la incertidumbre sobre el 'Brexit'; o, como recordaba este viernes en El Diario la presidenta de Sniace horas antes de que trascendiera el ERTE de su empresa, el impacto de la competencia de países cuyas producciones no tienen los costes europeos originados por los estándares de calidad laboral y ambiental.
Sin embargo, aun siendo todo esto cierto, se incurriría en error al tomarlo como excusa de problemas que no son internacionales, sino domésticos de España y de Cantabria. En efecto, la fuerte rechazo de los motores diésel y la amenaza fiscal a ciertos combustibles no es un asunto mundial, sino fruto de declaraciones de la ministra española de Transición Ecológica que afectan muy negativamente a la automoción. El encarecimiento de la factura eléctrica de los grandes consumidores industriales no es tampoco problema internacional, sino fruto de la decisión del Gobierno español de recortar drásticamente la bonificación por interrumpibilidad; en otros países este problema no existe. Por otra parte, la revisión de las concesiones de costas que afectan a industrias cántabras tampoco es un asunto internacional, sino generado por ese mismo ministerio; un departamento que hoy no está en condiciones de indicar a empresas clave como Solvay qué alternativas al carbón serán viables, aceptadas y amparadas. Por último, que aún sigan en tramitación expedientes para crear espacios industriales en Viérnoles o en Parbayón no es cuestión de coyuntura mundial, sino de lentitud administrativa y titubeos políticos dentro de nuestra propia comunidad. El gremio de la construcción acaba de recordar la paralización del 80% del suelo de Cantabria por bloqueos de planificación urbanística.
Así pues, existen obligaciones propias de España y de Cantabria en política industrial que no se están atendiendo con la agilidad que la coyuntura reclama. Cantabria, sin industria, sería una región más pobre y con más desigualdad. Los gobiernos deben liderar respuestas claras y esperanzadoras, afrontando causas y olvidando excusas.
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