Un proyecto de ley gravemente perjudicial

Hasta ahora, la ley 3/2007 exigía para la rectificación del sexo registral, aportar o acreditar disforia de género, mediante informe médico o psicológico clínico, así como someterse a tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado. Se tenía en cuenta la verdad integral de la persona transexual, y se evitaba fomentar el pseudotransexualismo, que no tiene más objetivo que imponer la ideología de género.

En la nueva ley se ignora toda evidencia científica y lo único que cuenta es el deseo de la persona. Esto es peligroso, pues el deseo puede cambiar, pero los tratamientos realizados son irreversibles. «La 'ley Trans' transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo. Ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI», ha denunciado Monseñor Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española.

Por otra parte, se da por hecho que el tratamiento médico aplicado a los transexuales menores tiene que ser por fuerza favorecer la identidad sexual sentida. Y eso no es verdad, médica ni psicológicamente. Hay un estudio publicado por el 'Journal of Sexual Medicine' en 2008 en el que un alto número de los niños prepuberales con TIG (Trastorno de Identidad de Género), no sigue experimentando este TIG en la adolescencia. Por tanto, en sólo un pequeño número de niños que creen ser transexuales (entre el 5 y el 20%) persiste este sentimiento infantil.

La nueva ley invade la autonomía educativa y la potestad de los padres a los que se les obliga a admitir la voluntad del menor sin más ni más. En el caso de los menores, las decisiones deben ser consensuadas entre los padres, que se supone que actúan ejerciendo la patria potestad en el mejor interés del menor, y el médico responsable consultado. Las actuaciones médicas que se lleven a cabo deben de ser siempre de carácter reversible, dada la incertidumbre sobre los cambios que pueden darse en el futuro desarrollo de la personalidad durante las fases de la pubertad y la adolescencia.

Llama la atención que tampoco los jueces tengan la más mínima intervención en este tema. Es ética y moralmente rechazable que grupos de presión utilicen a los niños como campo de expansión de su ideología, que va más allá del fomento del respeto que se debe a toda persona transexual.

La reasignación de sexo, tanto hormonal como quirúrgica, no debe ser una imposición ideológica, sino mirando el bien de la persona y su equilibrio psicofísico. El tratamiento debe responder a la ciencia y no a los deseos de los padres o de los transexuales. La identidad sexual no es opcional, sino que viene determinada genética y hormonalmente. Este proyecto de ley invita a una objeción no sólo de conciencia sino de ciencia.

Por otra parte, somos conscientes de que una transexualidad verdadera necesita de tratamiento de psicoterapia y, en algunos casos, es necesaria la reasignación hormonal, e incluso quirúrgica, para evitar el suicidio y paliar el sufrimiento de sentirse extraño en su cuerpo, y en esos casos sí podemos decir que favorece la felicidad del transexual.

La visión de la sexualidad desde la perspectiva de género no es un dogma que hay que aceptar sin protestar.

No debemos eliminar por ley la realidad biológica de la sexualidad. Hay una reducción de la persona a su orientación sexual, olvidando que la persona es mucho más que su sexualidad. Las preferencias sexuales de las personas se mueven en el terreno de la libertad y la libertad de cada uno debe ser respetada por todos, pero no se puede imponer una visión como única, absoluta y por encima de las demás.