Proyectos tractores

En el último Consejo Europeo celebrado, se ha decidido el Presupuesto de la Unión Europea hasta 2027, que asciende a 1,0743 billones de euros y que supone una apuesta por una Europa digital, verde e inclusiva para impulsar el proceso de reparación de daños económicos y sociales derivados de la pandemia del covid-19.

De igual manera se ha aprobado el Fondo de Recuperación y Resiliencia por importe de 750.000 millones de euros (el 5,4% del PIB europeo) de los cuales 390.000 millones serán vía subvenciones y el resto, 360.000 millones vía financiación. España aspira a conseguir 140.000 millones aproximadamente a través de este mecanismo, una cifra equivalente al 11% del PIB español. De este montante, aproximadamente 72.700 millones vendrían vía subvenciones y 67.300 millones vía financiación a amortizarse entre 2027 y 2058. La previsión es concentrar el 70% del gasto de este fondo entre 2021 y 2022 y el 30% restante hasta finales de 2023, con un plazo para ejecutar proyectos hasta 2026. Las simulaciones de impacto en la economía con las que está trabajando la Comisión Europea apuntan a una mejora de hasta 4,2 puntos porcentuales en el PIB en 2024 y dos puntos en el empleo en 2022 para un país como España si las cosas se hacen bien.

Este presupuesto europeo histórico aún no está muy claro con qué criterios se va a repartir entre todas las autonomías, aún así, plantea el reto de ver si somos capaces como país de absorber estos fondos basados en prioridades estratégicas previamente delimitadas para garantizar la idoneidad de las propuestas financiadas y la trazabilidad de los fondos. Ahora le toca a cada país enviar su plan nacional de recuperación con las inversiones previstas asociadas a dicho fondo, a expensas de su aprobación posterior por parte de la Comisión y el Consejo Europeo. Las comunidades autónomas y el Gobierno central serán los canales de distribución de este fondo de reconstrucción y por tanto una parte fundamental de la gestión de los diferentes proyectos públicos y/o privados que los soporten. Es el momento de abordar proyectos estratégicos, tanto en cantidad como en calidad, fomentando la inversión en innovación, crecimiento empresarial, digitalización, descarbonización de la economía y mitigación del cambio climático, refuerzo del entorno agrario y rural, etc. El éxito de esta tipología de proyectos requiere de una visión a largo plazo de la economía, dado que se trata de apostar por segmentos que ofrezcan retornos sobre la inversión, con sólidas ventajas competitivas, cimentados en avances tecnológicos, patentes bien protegidas y ventajas en términos de costes que hagan que no sean aun empresas del todo maduras.

La realidad es que esta nueva estrategia europea nos supone un reto estratégico no sólo como país sino también como regiones, obligándonos a poner el foco en infraestructuras de I+D+i y derivados relacionados con la innovación y la economía del conocimiento, la digitalización, la transición verde, la sostenibilidad y la gobernanza frente a las tradicionales inversiones en infraestructuras básicas. Se trata de invertir en aquellos sectores que tengan un mayor efecto multiplicador, así como en otros en los que España tenga ya alguna ventaja competitiva, como sanidad, investigación, desarrollo tecnológico, energía, transporte, turismo o construcción. Para todo ello la colaboración público-privada resulta imprescindible con el objetivo de lograr un apalancamiento de los fondos, multiplicando su impacto y asegurando que dichos fondos se destinan a actividades que tienen sentido económico.

Las regiones van a tener que coordinarse con el Gobierno de España y el de la Unión Europea para identificar y potenciar sus propios recursos y de esta manera fomentar sus capacidades competitivas. Las estrategias territoriales deberán necesariamente centrarse, entre otras cuestiones, en el apoyo al desarrollo de su tejido empresarial y ello pasa por desarrollar, por ejemplo, plataformas de conocimiento en inteligencia artificial, supercomputación, biotecnología, dispositivos médicos o nuevos materiales de los que emanen nuevos modelos de negocio y empleos de calidad y para todo ello resulta imprescindible incrementar la inversión en I+D+i.

Los objetivos de las políticas regionales en general se centran en apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Con todo ello se busca tener importantes repercusiones en diferentes ámbitos que resulten complementarios con las políticas nacionales y europeas abordando temas como la educación, el empleo, la energía, el medio ambiente, la competitividad, el crecimiento empresarial, la investigación y la innovación, etc.

Resulta evidente que una parte importante de estos fondos públicos europeos que nos van a llegar no van a ir a déficit público, sino que deberán invertirse en transformar el país y sus regiones. Se trata de unos fondos para apostar por inversiones estratégicas que mejoren la competitividad nacional y el liderazgo empresarial de nuestro tejido productivo a nivel internacional. El futuro por tanto dependerá de la capacidad demostrada del país y sus regiones para plantear, seleccionar, definir y gestionar proyectos específicos que aseguren un retorno de la inversión y un efecto multiplicador y a su vez permitan el posicionamiento en ámbitos y sectores estratégicos que faciliten un liderazgo empresarial y la modernización de nuestra economía para las próximas décadas.