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El debate acerca de la exclusividad de la empresa pública frente a la privada se ha acelerado por la situación de emergencia generada por la peste, esa palabra que ha sido desterrada para ser sustituida por pandemia, que suena menos aterradora, aunque el diccionario ... de la RAE define peste, en su primera acepción, como «enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad», una referencia precisa y exacta de lo que sucede con el covid-19.
Tal parece que cualquier servicio que se preste desde el sistema público, bien sea de salud, educación, cultura, limpieza, etc., deba ser incompatible con otros que dependan de la empresa privada. El buen criterio y la mejor manera de servir a los españoles reside en la complementación de ambos ámbitos, sin exclusiones que, en ocasiones, recuerdan extremismos totalitarios. Lo público y lo privado pueden y deben convivir especialmente en situaciones extraordinarias, cuando deben unirse para atender una emergencia.
En Cantabria existe un potente y bien equipado servicio público de salud, ya que se cuenta con cuatro hospitales (Valdecilla, Sierrallana, Laredo y Tres Mares) amén del hospital de Liencres. Aun así, ante una situación de colapso de estos centros por el crecimiento exponencial de afectados por el covid-19, unida a la necesidad de vacunar masivamente y en el menor tiempo posible, a 600.000 personas es coherente contar con la colaboración de centros sanitarios privados.
El especial esfuerzo que todo el personal sanitario realiza para atender a los afectados por la peste del covid-19 supone un desgaste de las energías de todos ellos y siempre resultaría más adecuado compartir esa tarea con médicos y enfermeras de otros hospitales o clínicas. La singular dedicación a salvar vidas, en esta situación de extrema emergencia, tiene una consecuencia: la menor disponibilidad de sanitarios y medios para atender a quienes padecen otro tipo de afecciones que no dejan de ser graves e incluso mortales.
Por estas razones no existe una explicación lógica al hecho de que, desde los diferentes gobiernos, se mantenga, en el presente y lo mismo en el pasado reciente, que no es necesario el apoyo del sector privado. No son compatibles las más que justificadas quejas de la saturación hospitalaria, del agotamiento de médicos, enfermeras y demás personal de los centros públicos, con la negativa a integrar al sector privado en esta emergencia internacional. Ante situaciones extraordinarias es obligado adoptar medidas del mismo calado.
Los españoles no debemos vernos obligados a elegir entre quién presta el servicio, si es una empresa pública o una privada, si no que debemos aspirar a tener la mejor asistencia, en todos los sectores, y con el menor coste posible. Las paradojas resultan chocantes y no resuenan a mayor volumen porque se hace un gran esfuerzo para ocultarlas. Sólo un ejemplo: Radio Televisión Española es una empresa pública que cuenta con más empleados que las dos grandes cadenas privadas. Aun así, resulta que RTVE contrata con productoras de capital privado la mayor parte de los contenidos que emite. No hay objeción a que cientos de trabajadores de RTVE estén mano sobre mano mientras se contratan programas a empresas privadas, pero parece un pecado político inasumible que en el sector sanitario se cuente con el apoyo de la sanidad privada.
Debemos ser los españoles, que sufragamos todo el sistema público en educación, sanidad, seguridad, etc. quienes exijamos a los gobernantes mayor eficiencia, quebrando ese falso planteamiento de que los servicios públicos deban ser prestados únicamente por empresas públicas.
Ahora que la peste del covid-19 ha resaltado la fortaleza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla no debemos olvidar que la obra, en su etapa final, se pudo realizar merced a la decisión del gobierno de Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga de privatizar una parte de la gestión para que una firma constructora culminara la construcción y el hospital pudiera entrar servicio. Aquella decisión, de la que ya hasta los más críticos parecen olvidarse, fue rechazada y denostada con vehemencia por quienes prefieren la gestión pública, aunque la privada sea más eficiente.
Hasta el momento el ritmo de vacunación en España es preocupantemente lento, bien es cierto que más por la carencia de dosis que por la capacidad para su inoculación. Por suerte, parece que los gestores de la UE han admitido sus errores y que en un breve plazo -quince días o un mes a lo máximo- España contará con millones de vacunas y será en ese momento cuando la colaboración de todos aquellos capaces de administrar, con seguridad la vacuna, deban entrar en acción. Lo público y lo privado deben estar al servicio de las personas.
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