Punto de ebullición

La pandemia covid ha embestido de manera inesperada a un sistema sanitario crítico, herido y decadente en su morfología y estructura. Un sistema que sin haber asumido los cambios necesarios, ni siquiera la 'voluntad' para modular e implantar modelos y propuestas, se ha visto sometido a un sobresfuerzo y estrés casi al borde del colapso. De hecho, desde el punto de vista económico y frente al gasto sobreañadido y su extensión en el tiempo, las Comunidades Autónomas han hecho un esfuerzo inversor no previsto respecto a su PIB, siendo reforzado también por fondos específicos, como el extraordinario Fondo COVID-19. Es cierto que estos dos últimos años hemos asistido a cambios significativos en el desarrollo y la innovación tecnológica como respuesta a la pandemia que han facilitado el control y gestión de la misma, pero ninguno como reacción al análisis y consideración de factores causales como los movimientos demográficos, los patrones epidemiológicos, la propia cultura y comportamiento poblacional respecto a la salud, la coordinación sociosanitaria, la conectividad entre las áreas asistenciales o el necesario replanteamiento sobre Salud Pública. Sobre formas de gestión y evaluación de resultados acordes al momento y contexto, o sobre demandas y necesidades poblacionales, o sobre aquellos dirigidos a enfrentar las actuales incertidumbres... tampoco ha habido planteamientos serios para asegurar una modernización coherente y sostenible.

Todas estas cuestiones tan 'vitales' para garantizar un sistema preparado y consistente ante futuras amenazas vienen siendo relegadas inexplicablemente, aunque cuentan con un denominador común: la toma de decisiones caracterizada por 'visiones' cortoplacistas y de baja implicación. Los recursos y presupuestos escasos y ajustados, el impacto en la aceleración tecnológica y la necesidad de digitalizar procesos son factores de presión al alza que restan prioridad a la necesidad de contar, además, con políticas de planificación y desarrollo profesional en nuestro sistema. La puesta en marcha de un plan específico de recursos humanos para mejorar la estabilidad y el nivel retributivo, la mejora de los atractivos para la cobertura de puestos de difícil ocupación y la necesidad de actualizar el sistema de contratación de personal sanitario, eliminando la temporalidad y precariedad, requieren un abordaje integral desde hace décadas, y esta desidia está causando verdaderos estragos en la fuerza laboral sanitaria; el déficit y abandono de profesionales o cambio de preferencias sobre las necesidades reales va a ser un gap difícil de reparar a corto plazo. El sistema a través de sus decisores, solo está siendo reactivo y aunque se vienen ofreciendo 'buenos resultados' con un nivel relativamente bajo de inversiones es igualmente cierto que, gracias a los profesionales implicados, el esfuerzo del día a día y, por un sistema público de calidad.

Cumplidos más de dos años de pandemia y sin entrar ya en enfoques epidemiológicos, análisis de prevalencias, curvas, olas, cifras de mortalidad... pero si teniendo en cuenta el impacto en la salud, en nuestra población, nuestras comunidades y, tomando referencias sobre el impacto socioeconómico y la acentuación de la desigualdad y los determinantes, el futuro exige medidas no demorables. Redirigir el rumbo de nuestro sistema y la política de los recursos y dotación, son cuestiones imperativas. Las consecuencias de los problemas estructurales que arrastra el sistema en general y por comunidades, son debilidades que apuntan tanto a la inversión en infraestructuras y tecnologías, como a la política de los imprescindibles recursos humanos.

Es por ello que las deficiencias de personal, las políticas de contratación, las condiciones laborales y de entorno, están íntimamente ligadas con la economía, pero también con la salud de las poblaciones.

Compromete por tanto a gestores y políticos tomar decisiones de amplio enfoque, mejor informadas, basadas en datos, resultados, en evidencia científica y sobre necesidades para la población. De lo contrario, si los formuladores de políticas implementan constantes reducciones generales en el gasto, corren el riesgo de causar más daño que bien y, en ese caso, el futuro aún podría ser más incierto y precario.