¿Queremos empleo industrial?

El coste actual de la energía eléctrica en España es inasumible para los consumidores más electrointensivos, pues es muy superior al de sus competidores internacionales, y dado que el precio de venta de sus productos se fija en los mercados internacionales, un alto diferencial del precio de la energía origina producir con márgenes comerciales negativos y pone en evidente riesgo la viabilidad de industrias como la nuestra, heredera de una historia industrial asentada en Cantabria desde 1913.

La mayor parte de los países la Unión Europea han adoptado medidas para compensar los costes de la energía eléctrica de su industria electrointensiva, como por ejemplo Francia y Alemania, que además han realizado estudios sobre las ventajas de apoyar a su industria electrointensiva, con resultados muy concluyentes acerca de la fundamental aportación de estas empresas a la estabilidad del sistema eléctrico y de los importantes beneficios económicos para dichos países.

Para hacernos una idea, el coste eléctrico de nuestros competidores en Francia y Alemania es aproximadamente la mitad que el nuestro. Por eso, aunque seamos muy eficientes gracias a las inversiones realizadas en modernizar nuestros procesos, el peso de la energía en nuestros costes totales es tan alto, que otro encarecimiento de la factura en comparación con estos países impediría nuestra continuidad.

España dispone del Servicio de Interrumpibilidad, que compensaba el elevado coste energético a cambio de la total interrupción del suministro eléctrico en situaciones de emergencia, y de consumir preferentemente durante las noches y fines de semana. Este servicio, que venía funcionando con normalidad y eficacia desde hace muchos años, se ha demonizado de modo inexplicable, disminuyendo drásticamente su retribución, cuando si cabe es más necesario que nunca, dada la creciente generación eléctrica mediante energías renovables, que no garantiza un suministro continuo (pues depende de imponderables de pluviometría, luminosidad y viento).

Por tanto, el borrador de decreto que los ministerios de Industria y de Transición Ecológica han preparado sobre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo debe experimentar sustanciales modificaciones, ya que, tal cual está redactado, no está pensado para la industria verdaderamente electrointensiva.

En primer lugar, debería identificar a las empresas más expuestas al riesgo de deslocalización por el elevado coste de la energía eléctrica: los Consumidores Hiperelectrointensivos. El grado de la cuantía de la compensación de cargos debe ser proporcional a la gravedad del problema que se trata de resolver. Y además se debe contar con el grado de presencia internacional de estos consumidores, porque es en ese mercado exterior donde se juegan gran parte de sus resultados.

En segundo lugar, habría que plasmar en el documento todas las medidas de apoyo a la industria (interrumpibilidad, reducción de peajes, compensación de cargos por financiación de energías renovables, impuesto a la generación, etc.), aplicadas por Francia y Alemania, independientemente de que requieran un desarrollo normativo posterior.

En tercer lugar, es preciso establecer las compensaciones por emisiones indirectas por CO2 en los importes íntegros previstos en la normativa de la Unión Europea para las industrias con riesgo de fuga de carbono. Las compañías eléctricas nos trasladan el coste de lo que ellas tienen que pagar por la compra de derechos de emisión de CO2, por lo que la Unión Europea permite que los estados miembros destinen hasta el 25% de los ingresos por las subastas de derechos de emisión a compensar los costes indirectos de CO2 de la industria electrointensiva.

No cabe aquí engañarse: si el Gobierno español provoca nuestra deslocalización, el mismo CO2 seguirá emitiéndose en otra parte del planeta, y muy probablemente en zonas con menores restricciones ambientales que en la Unión Europea.

En cuarto lugar, se debe consolidar y reforzar el Servicio de Gestión de la Demanda de Interrumpibilidad, para ser más eficientes en la garantía de suministro y favorecer el consumo de energía en periodos de bajo consumo. Es un mecanismo de seguridad, regularidad y buen uso de la red energética.

En resumen, consideramos urgente y necesario dotar de certidumbre regulatoria al sistema eléctrico, con un Estatuto para el Consumidor Electrointensivo que permita mejorar la competitividad de las empresas industriales más electrointensivas a nivel internacional, y seguir contribuyendo al desarrollo económico de España con empleo estable y de calidad.

El Estatuto no puede ser publicado con las medidas que aporta el borrador sometido a Consulta Pública. Es necesario un proceso de diálogo con los consumidores afectados de forma significativa por los costes de la energía. Porque la pregunta de fondo es esta: ¿queremos en España empleo industrial?