Quitarle la mascarilla al santo

Recapitulemos: a comienzos de curso se creó la figura del coordinador covid en los centros de enseñanza. Sería un docente encargado de gestionar la petición de PCR de los miembros de la comunidad educativa que mostraran síntomas, controlar los posibles casos estrechos, informar a las familias, etc. Una pieza clave, se nos decía, del pomposamente denominado «corredor sanitario». Lo cierto es que al comenzar el curso no había ni un solo documento en el que se informara de cuál era el cometido exacto o de cómo llevarlo a cabo. En las primeras semanas llegaron protocolos que, con los defectos comprensibles (no en vano era una situación novedosa) nos dotaron de un marco para que los coordinadores pudiéramos funcionar con una cierta seguridad. Seguridad, por otra parte, relativa, dados los vacíos de los protocolos y el hecho de que la literalidad de los documentos no siempre se correspondía con las instrucciones verbales que en ocasiones se transmitían.

Además pronto quedó clara una cosa: las tres horas semanales que los coordinadores teníamos en el horario para esta tarea se demostró que era insuficientes, llegando a superar las veinte horas en muchos casos. Todo ello en paralelo, no lo olvidemos, a las clases y tutorías, verdadero eje de nuestro trabajo. Desde el primer momento se informó de la situación, tanto a los inspectores como a los sindicatos, y estos últimos plantearon la cuestión en reiteradas ocasiones en la comisión covid. Sin embargo, la consejería se limitó a transmitir el reconocimiento por el trabajo realizado, pero dejando a los coordinadores poco menos que abandonados a su suerte. Un ejemplo de ello fue que la prometida reunión para coordinadores no se celebró hasta el 29 de octubre, tras dos meses de curso, y en ningún momento se hizo referencia a la sobrecarga de trabajo.

Finalmente, ante las crecientes quejas, la consejería prometió un reconocimiento de 120 horas de formación y un «incremento de horas» (aún no concretado) para los centros con más de 550 alumnos. La primera medida no deja de ser un brindis al sol, y la segunda, si bien positiva, deja a muchos centros como están: en torno al 95% de los colegios públicos no llegan a la cifra de 550 alumnos, y casi la mitad de los institutos, tampoco.

La pasada semana la consejería propuso otra medida que muestra que sigue sin comprender la naturaleza del problema: ha prometido remunerar salarialmente a los coordinadores covid por su labor. Esto, que aparentemente podría parecer positivo, en realidad no lo es, y ello por dos motivos.

En primer lugar, porque ese dinero no vendría de una nueva partida. En 2018 la Mesa General de la Función Pública acordó una serie de subidas salariales para 2018-2020, y en enero de este año se aplicó la parte general, pero queda un 0,3% pendiente de repartir entre todos los empleados públicos. Los sindicatos han propuesto que ese dinero se reparta (tal y como se ha hecho en los años anteriores) de manera alícuota entre todos los docentes, que han trabajado particularmente duro en este año de pandemia, y que se distribuya en las pagas mensuales, para que consolide. Sin embargo, la consejería propone una gratificación (que no consolidaría) para los coordinadores covid, TIC y tutores; el resto de los docentes no cobraría nada. Por lo tanto, lo que propone la consejería es desvestir un santo para vestir a otro. Además, ello abriría la puerta a que en años posteriores la consejería decida de manera arbitraria a quien «premiar» (o castigar) en el reparto salarial. Algo a todas luces injustificable.

Siendo lo anterior grave, lo peor es que esta medida no soluciona nada: el problema de los coordinadores covid no es salarial, sino de sobrecarga de trabajo. Lo que queremos es que la consejería pague a otros compañeros para que realicen ese trabajo que nos vemos incapaces de realizar correctamente, por saturación. Un docente que acaba con jornadas semanales de más de 60 horas no prepara bien las clases, no corrige adecuadamente, no atiende a sus alumnos como debe..., y no ejerce con rigor sus labores como coordinador covid. Y ello supone que los centros se vuelven más inseguros, que se «cuelan» casos sospechosos, que las familias no tienen una información adecuada... La solución es sencilla: en todos los centros hay docentes con jornadas parciales que estarían encantados de asumir horas para la coordinación. Sin embargo, no parece que la consejería esté por la labor, y sigue con la política que le ha caracterizado desde inicio de curso, y que se resume en el castizo dicho de querer duros a cuatro pesetas. Esperemos que rectifique, y que esa cicatería no nos pase factura a todos...