Los rábanos

Soy partidario de un ingreso mínimo ciudadano y cualquier otra medida que impida el desvalimiento de aquellos a quienes la vida no les está yendo bien. También he apuntado en alguna ocasión que dicho ingreso, y algunas otras subvenciones complementarias, ya venía existiendo, bajo diversos nombres, en todas las comunidades autónomas. Nuestros vecinos vascos tenían su RGI y nosotros la Renta Social Básica (RSB), donde nuestra región gasta 30 millones cada año. Lógicamente, esos salarios sociales tenían sus equipos de funcionarios autonómicos para verificar estados de necesidad y tramitar los expedientes. Tales ingresos mínimos regionales habían sido establecidos prácticamente por consenso social, unos por gobiernos socialistas, otros por gobiernos de centro derecha (como en Cantabria desde Juan Hormaechea y José Joaquín Martínez Sieso) y otros por nacionalistas. Y, además, sus cuantías estaban ajustadas al nivel de precios que las personas ayudadas debían afrontar en sus comunidades. Es verdad que la RGI de un vizcaíno podía ser algo mayor que la RSB de un cántabro, pero hay que entender que el nivel de precios en un Bilbao puede ser también más alto, y que un billete de 50 euros a lo mejor compra más cosas en Floranes que en Colón de Larreátegui.

Pero en toda política radical siempre existe la tentación de metamorfosis en un gran campo de lucidos rábanos para untar con la mantequilla del presupuesto. Así se creó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su inglorioso (sí, es un anglicismo, pero el artículo 20 de la Constitución me protege) caos actual. Entre el desmadre del IMV y el recorte a las pensiones de los 'baby-boomers' que se han pasado tres y cuatro décadas pagando las pensiones de sus mayores, la fama del ministro queda garantizada.

Pintemos el IMV con cuatro brochazos. Primero: se carga a la Seguridad Social, ya en déficit preocupante, con un gasto extra anual de 3.000 millones, más los funcionarios necesarios para tramitar miles de expedientes. El colapso es tan evidente, que se ha tenido que anunciar la contratación de mil parados para poder realizar el papeleo. Mientras, ¿qué estarán haciendo los funcionarios de las 17 autonomías que se encargaban de gestionar sus rentas sociales básicas? Ah, gran misterio sobre el que no he leído ningún reportaje. ¿No estaremos pagando a dos funcionarios para hacer el trabajo que antes hacía uno solo, y encima que el 'ayudado' no esté recibiendo la ayuda? ¿Cuántos cántabros que estaban en la RSB han pasado al IMV?

Segundo brochazo. En vez de aceptar automáticamente en el IMV a los que estaban percibiendo las ayudas autonómicas, se ha obligado a trámites desde cero, con lo que la gente necesitada ha tenido que pedir todo tipo de papeles oficiales y certificados... cuando las oficinas estaban cerradas por el covid, o con horarios limitados, o en páginas web oficiales engorrosas para usuarios de un nivel tecnológico modesto. En suma, un desastre de los mayores que ha vivido la Seguridad Social en toda su historia, que es centenaria. Recuerda uno casi con curiosidad que fue el conservador Antonio Maura quien impulsó en 1908 la creación del Instituto Nacional de Previsión y en 1919 (junto con el liberal Romanones) el decreto del Retiro Obrero Obligatorio. Si Maura levantara aquella cabeza que paseaba por Cantabria en el verano...

Tercer brochazo. Con una medida aparentemente igualitaria (rábano por fuera) se propicia la desigualdad (rábano por dentro). Si el IMV se está aplicando con un criterio estándar en todas las regiones españolas, será menos 'mínimo' para los necesitados de aquellas donde el nivel de precios sea superior. Pues si no se calibra la cesta de la compra, el coste de vivienda, energía y transporte, una cantidad nominalmente igual para dos familias dará a una de ellas menos acceso a los mismos bienes básicos. Esto se evitaba cuando la decisión la tenían las comunidades autónomas, que podían estimar mejor su coste local de la vida. Ahora veremos, por ello, una carrera por establecer 'complementos' autonómicos al IMV, en parte para compensar ese efecto de igualación aritmética y desigualación económica. ¿Es el concepto de 'poder adquisitivo' un arcano ministerial?

Y cuarto brochazo. Sólo hay un modo de financiar este nuevo gasto de la Seguridad Social: aumentar las aportaciones del Estado a su caja. Esto supone, ojo, cada año: o quitar 3.000 millones de otros programas, o subir 3.000 millones los impuestos y cotizaciones, o endeudar a España otros 3.000 millones. Porque la cuarta y lógica vía no se va a producir: que las autonomías que antes pagaban las rentas sociales ahora traspasen ese dinero a la Seguridad Social. A Cantabria le quedan por ahí flotando 30 millones de la vieja RSB (nadie lo explica, tampoco).

Así, un gasto autonómico eficaz, controlado y ya financiado se convierte en un gasto central ineficaz, desigual y que debe sobre-financiarse por un ente con graves problemas. Cuando piensa uno en la cantidad de personas empachadas de mantequilla del erario que habrán intervenido en semejante decisión, tiene pocas alternativas de opinión diferentes al «a ver, ¿quién pidió los rábanos?». Para la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital crea el riesgo de su gasto máximo mortal. En el instituto nos tenían que haber enseñado Rabanografía, pero no lo hicieron y ahora somos una democracia que se da por comida con un aperitivo. A muchos, incluso, les importa un rábano. Pues en España las tendencias ideológicas no son filosóficas, sino religiosas; pero, de esto, otro día.