Simplificación administrativa

En Cantabria el Ejecutivo autonómico ha remitido al Parlamento, para su tramitación y posterior aprobación, el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que persigue fortalecer el desarrollo económico y social de la región, y conseguir una administración pública más ágil, más eficiente y próxima a las necesidades de la sociedad, objetivos que vienen siendo demandados por ciudadanos y entidades, por lo que debemos felicitarnos por una iniciativa que era preciso abordar.

Uno de los aspectos más destacables del citado proyecto es la supresión de la necesidad de obtener una licencia municipal para el inicio de una actividad económica o para la apertura de un establecimiento, que se sustituye por la presentación de una declaración responsable del interesado. Este cambio será aplicable desde la entrada en vigor de la nueva Ley sin necesidad de adaptar las ordenanzas municipales, con el consiguiente impacto en los ayuntamientos de la región, ya que requerirá la existencia de unidades y personal adecuados para desarrollar las funciones de comprobación e inspección.

Complementariamente se introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación, que podrán verificar la documentación que los interesados deban presentar para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Actuarán como tales los colegios profesionales y las entidades jurídicas que cumplan los requisitos establecidos y se inscriban en el correspondiente registro.

Otra novedad llamada a facilitar la puesta en marcha de actividades económicas es la creación de un marco de tramitación preferente para los denominados 'proyectos empresariales estratégicos', que permitirá reducir los plazos para obtener las autorizaciones necesarias y tener preferencia para acceder a incentivos a la inversión. También se incluye un conjunto de cambios normativos referidos a diferentes sectores, aunque las modificaciones de leyes podían haberse realizado en otros proyectos legislativos ya tramitados, mientras que el resto no requiere la aprobación de una norma con rango de ley.

En lo relativo a los plazos de notificación, los efectos del silencio administrativo, los plazos para la emisión de informes y dictámenes y la prohibición de aportar documentos que ya están en poder de la administración, el proyecto de Ley no aporta ninguna novedad, ya que se limita a reiterar lo dispuesto en la normativa básica estatal.

La finalidad esencial de todo proceso de simplificación administrativa es la eficiencia del sector público y eso no se consigue sólo con leyes, sino con un proceso de transformación y mejora en el que se aborden actuaciones de reforma de estructuras, de rediseño de procedimientos y reducción de trámites, de evaluación de la gestión, así como de digitalización de los procedimientos y sus relaciones con los ciudadanos y empresas. Por esta razón resulta necesario que una ley de simplificación no se centre sólo en el ámbito normativo, sino que se contemple la ejecución de un plan que concrete acciones y plazos en las áreas mencionadas, como han hecho otras comunidades autónomas que han aprobado leyes similares.

En relación con lo anterior, las disposiciones que el proyecto de Ley dedica a las iniciativas y organización para la simplificación de la Administración autonómica son una declaración de intenciones, que no precisan medidas, ni responsables de su desarrollo, ni plazos de ejecución. La ambigüedad que se desprende acerca de estos aspectos puede diluir la efectividad de la norma y ocasionar que no tenga un impacto real.

Especial importancia tiene la transformación digital, como eje del proceso de simplificación administrativa, en la medida que permite agilizar la gestión, acortar los plazos de tramitación y reducir los costes operativos, algo que no es baladí si tenemos en cuenta los retos que el futuro sistema de financiación autonómica puede deparar. Por esta razón deberían incluirse las acciones destinadas a impulsar la digitalización integral de los procedimientos administrativos y su relación con la ciudadanía, si queremos que la futura Ley contribuya a dar solución a las listas de espera y a los atascos en la gestión de los expedientes que afectan a los ciudadanos.

Aunque es prematuro pronunciarnos sobre el impacto que tendrá, podemos aventurar que la aprobación del texto actual reducirá la burocracia en el ámbito empresarial, pero sería deseable que en el proceso de tramitación parlamentaria se limen las ambigüedades detectadas y se concreten las actuaciones necesarias para que todos los ciudadanos perciban una mejora real en la gestión de los servicios, dando así credibilidad al deseo de «transformar la administración pública» manifestado en la, recientemente publicitada, Agenda Digital de Cantabria.