Transparencia y eficiencia como antídotos

Las elecciones regionales del pasado año pusieron fin a una legislatura que se vio sacudida por varios episodios de conductas poco ejemplares y prácticas clientelares en las que primó el interés particular de sus protagonistas frente al interés general que debe presidir la actividad del sector público. El broche final lo puso el denominado 'caso carreteras', una presunta trama de corrupción en la contratación de obras que ha salpicado a varios funcionarios y empresarios, cuyo alcance real aún se desconoce y que se ha proyectado recientemente sobre la empresa pública Gesvicán, que también está siendo investigada por supuestos delitos de fraude y cohecho. Todo ello contribuirá a incrementar, sin ninguna duda, la percepción negativa de los ciudadanos, y dado que de la desconfianza al desprestigio sólo hay un paso, quizás haya que empezar a preocuparse.

El nuevo Gobierno regional tiene que hacer frente a retos difíciles, uno de los cuales debería ser la recuperación de la confianza y la restauración de la credibilidad de su Administración. Por ello, ante hechos como los descritos, se precisa la máxima transparencia en el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, no sólo de los que los cometieron sino también de los que callaron y consintieron para hacerlos posibles, porque se ha reconocido que fallaron los controles internos y la responsabilidad se debe extender también a los que toleran las prácticas corruptas.

La transparencia posibilita que los ciudadanos conozcan con detalle el interior de las organizaciones públicas, sus planes de actuación, su grado de cumplimiento y las memorias anuales de gestión; su práctica permitirá un control social sobre las conductas de los empleados públicos y la gestión del Gobierno, complementando los sistemas de control interno, que se muestran ineficientes. Un Gobierno que ejercita la transparencia envía un mensaje claro: estamos dispuestos a informar de nuestra gestión y que se valoren los resultados de la misma. Ello contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en su Administración.

Las administraciones públicas de nuestro país se han acercado con diferente grado de exigencia a la transparencia. En el ámbito autonómico, algunas comunidades, como Aragón y Valencia, han incorporado en su normativa medidas concretas para dar publicidad a sus planes y a la evaluación posterior de sus resultados; otras como Asturias, La Rioja y Madrid dan cuenta de sus proyectos en sus portales de transparencia. Sin embargo, todavía encontramos comunidades que se muestran incapaces de explicitar sus planes y dar cuenta de los resultados de sus actuaciones, demostrando con ello oscurantismo y/o incapacidad gestora.

La transparencia es un elemento necesario para poder confiar en la Administración Pública, pero no es suficiente. Los ciudadanos no pueden fiarse de una institución que tarda mucho en resolver los expedientes (licencias, permisos, ayudas, subvenciones, etc.), que exige documentos que obran en su poder, que utiliza un lenguaje poco comprensible e impone trámites innecesarios. Los ciudadanos tenemos derecho a una Administración eficiente, que atienda con prontitud nuestras solicitudes y que rinda cuentas de su gestión.

La eficiencia está directamente vinculada con la transparencia, puesto que para conseguir una Administración transparente debe planificarse su actividad, evaluar sus resultados y rendir cuentas de la gestión realizada, lo que conducirá necesariamente a mejorar su eficiencia. Por tanto, vincular ambos principios en la práctica gestora es esencial para evitar que un pretendido cambio sea únicamente formal y para poner freno al oscurantismo favorecedor de las conexiones ilícitas en las que prolifera la corrupción y las redes clientelares.

Una Administración que apueste por la transparencia y la eficiencia debe estar integrada por personas cuya mentalidad y comportamiento estén alineados con la calidad del servicio que prestan y con los intereses legítimos de los ciudadanos. La actitud de servicio y el interés hacia lo colectivo son elementos claves de la cultura administrativa, mientras que el desapego de la buena gestión y el perjuicio a las arcas públicas debe tener consecuencias, como mínimo disciplinarias.

En unos momentos en que el desgobierno, el engaño y la corrupción política impregnan la vida pública de nuestro país, reivindicar la práctica de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública puede parecer utópico, pero para recuperar la confianza en las instituciones y detener la degradación de su cultura organizativa, resulta una necesidad apremiante. El ejercicio de ambos principios marca la frontera entre el servicio público y servirse de lo público y nos permitirá identificar en qué lado se sitúan nuestros gestores.