L a política cántabra, el Gobierno y la oposición, ha emprendido una ofensiva de reivindicaciones a Madrid por tierra, mar y aire, desde el tren ... rápido con Bilbao y las demás infraestructuras ferroviarias hasta el cambio de la Ley de Costas, más todos los asuntos pendientes de la atención del Gobierno Sánchez. No está nada claro que la campaña vaya a dar beneficios , pero servirá para alimentar el debate político y para someter a prueba la estabilidad del Ejecutivo de coalición PRC/PSOE en el último año de la legislatura.
El PRC y el PP, los dos partidos principales, proponen iniciativas que impulsen los ferrocarriles. Los regionalistas piden, y obtienen, en el Parlamento el apoyo de todas las fuerzas políticas para instar al Gobierno central a que actúe y presione ante la UE en los próximos meses para que la conexión ferroviaria Santander-Bilbao sea incluida en la Red Básica Europea con la financiación correspondiente y así sea una realidad en 2040. El tren con Bilbao es uno de los estandartes del regionalismo desde la campaña electoral de 2019 y es una buena iniciativa, lástima que se haya demorado tanto. Durante mucho tiempo la única prioridad ferroviaria fue la conexión por la Meseta con Madrid, y con Revilla entre los paladines. Sólo el PSOE de Jaime Blanco y la UGT defendieron la conexión de alta velocidad con el País Vasco. Después vendrían los días de vino y rosas, con el ministro 'Pepiño' Blanco prometiendo dos AVE, uno con Madrid y otro con Bilbao, y finalmente, con la recesión de 2010, ya no hubo nada. Ahora, el plazo realista del tren rápido a la capital vizcaína es, con suerte, el año 2040.
El PP no se conforma con el proyecto de Bilbao, quiere el paquete entero: el avance de los tramos del AVE de la Meseta, la integración ferroviaria de Santander y Torrelavega, la duplicación de vías entre ambas ciudades, la mejora del deteriorado servicio de cercanías... y todo ello plasmado en un documento que exija el compromiso del Gobierno central con obras y plazos para los próximos diez años. En fin, esta es una previsión demasiado larga, ambiciosa y concreta para los usos políticos de Pedro Sánchez, más acostumbrado a ir improvisando maniobras para sobrevivir en el poder una semana más
En esta ofensiva de reivindicación a Madrid, el PSOE, como es costumbre, intenta navegar con mucha cautela y posicionarse a favor del sentir mayoritario de la ciudadanía, pero sin molestar mucho al Gobierno de su partido en Madrid. O sea, vota con su aliado regionalista para que el Estado defienda el tren a Bilbao en Europa, pero se queda solo en la abstención cuando los enemigos del PP reclaman un chorro de millones para impulsar las comunicaciones ferroviarias de Cantabria.
Tampoco ha querido participar el PSOE en el intento de doblar la mano a la vicepresidenta Teresa Ribera en la Ley de Costas para consolidar mediante prórrogas las construcciones y actividades económicas en las concesiones del dominio público marítimo-terrestre. Seis de los siete diputados socialistas, todos menos el ecologista Javier García Oliva, ya votaron contra la protección integral del lobo dictada por Ribera, y no era cuestión de desairarla de nuevo.
Así que los socialistas no han patrocinado la iniciativa pionera de pedir el cambio de la norma que presentaron conjuntamente en el Congreso los portavoces en el Parlamento regional Pedro Hernando (PRC), Íñigo Fernández (PP) y Félix Álvarez (Ciudadanos). En la réplica, el diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, que apoya sin reservas la defensa plena del lobo de Ribera y todas las medidas del Gobierno Sánchez que afectan a Cantabria. Los promotores del cambio legislativo aguardaban al siempre incierto voto de ERC por la crisis del espionaje, pero finalmente apoyó al Gobierno.
En la campaña intensiva de reclamaciones al Estado figuran asuntos nuevos y viejos, como los daños de los lobos, la crisis de las empresas electrointensivas, los proyectos-estrella del Mupac y La Pasiega, desechados en Europa, más los que vayan saliendo... Quizá también Sniace, un nuevo motivo de preocupación en la política regional, aunque la empresa ya esté 'muerta' y en proceso de liquidación, pero con una gran superficie valiosa sobre la que reina la incertidumbre. El consejero Javier López Marcano, exalcalde de Torrelavega como lo es hoy su hijo, asegura que no va a dejar morir el suelo productivo de Sniace. La responsabilidad industrial en el Gobierno de Cantabria corresponde al PRC, pero el PSOE está dispuesto a mover los hilos, también en Madrid, para intentar buscarle una salida al problema.
Un referente del PSOE cántabro, Francisco Fernández Mañanes, reflexiona en sus redes sociales: 'Una vez que ya sabemos que no hay comprador de toda la unidad productiva de Sniace, con todo el suelo industrial consolidado disponible y su insuperable localización ¿Tiene sentido seguir adelante con La Pasiega?'.
Para el PRC, el enclave de La Pasiega es otro icono de su acción política después de 16 años de lenta singladura del proyecto y no es fácil que esté dispuesto a replantear la iniciativa del centro logístico y parque empresarial en una nueva ubicación, pero a lo mejor puede darle una vuelta a esta alternativa.
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