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Terminando la 'desescalada', camino de una nueva normalidad, es el momento de prestar la atención a la reconstrucción social y económica que necesita España. En las últimas semanas se ha clarificado el marco de actuación y algunos consensos que deberían ser la base ... de un gran acuerdo de país. El marco nos lo da la Unión Europea. Por un lado, la Comisión ha planteado medidas que en su conjunto implican recursos por valor de 1,4 billones de euros, de los cuales 500.000 millones son transferencias directas sin devolución, y una buena parte llegará a España. Por otro lado, el Banco Central Europeo va a movilizar créditos, en condiciones beneficiosas, por valor de más de 1,3 billones de euros, lo que reduce los costes de nuestra financiación. Además, la Comisión ha indicado cual ha de ser la orientación de las políticas a desarrollar en función de las prioridades: la transición ecológica, la digitalización, la ciencia y el I+D+i, el fortalecimiento de los servicios públicos, el despoblamiento... Europa, en esta crisis, forma parte de la solución y no del problema como en el caso anterior.
En ese marco los consensos también han ido avanzando. Nos interesa lo que atañe a nuestro país. España necesita modernizar su economía con un nuevo contrato social (lo propone Nadia Calviño, lo defiende Ana Botín), que aborde la transición ecológica, mejore la educación, la sanidad, las políticas sociales, revise el modelo productivo (más diverso, más digital, con más valor añadido y con mejor empleo) y con una respuesta al reto demográfico y al territorio rural. En definitiva, una modernización de la economía que ha de ser inclusiva mediante el fortalecimiento del estado de bienestar. Además, es el momento de planificar una reforma tributaria integral que mejore la suficiencia y la justicia recaudatoria de nuestro sistema. La deuda pública se va a incrementar de manera sustancial y, aunque lo sea en condiciones muy ventajosas, no podemos reclamar solidaridad a los países del norte de Europa con siete puntos menos de presión fiscal. En el mismo sentido, no es de recibo que una comunidad plantee rebajas o mantenimiento de su sistema fiscal y a la vez reclame más recursos al Gobierno central.
En plena crisis del covid 19, el Gobierno de España ha tenido capacidad para actuar en la dirección descrita. Quisiera recalcar algunas medidas. Ha puesto en marcha la mayor barrera de protección social conocida en España lo que ha evitado, de momento, la desaparición de cientos de miles de empresas, autónomos y millones de empleos (medidas aplaudidas por la OCDE). Ha incrementado, sustancialmente y con acuerdo con los agentes sociales, el salario mínimo. Ha aprobado el ingreso mínimo vital. También el proyecto de ley de protección de la infancia. Ha presentado la estrategia de economía circular, el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.
Del conjunto de medidas anteriormente citadas me quiero detener, por su transcendencia y cierta controversia, en el ingreso mínimo vital. Un hecho histórico que hace de España un país mas digno. Supone un nuevo pilar del Estado de bienestar a añadir a la sanidad universal y pública, la educación, las pensiones, la protección por desempleo, la atención a los dependientes. Pilares todos ellos que se construyeron con gobiernos del PSOE. En el terreno de la protección social no hay aportaciones significativas del PP desde el inicio de la transición. El ingreso mínimo vital, o figuras semejantes, han sido defendidas, entre otros, por el FMI y el Financial Times, nada sospechosos de ir contra el crecimiento económico y las empresas.
Una critica hacia el ingreso mínimo vital se construye con el argumento de que este tipo de medidas cronifican la pobreza y desincentivan a las personas que lo reciben la búsqueda de empleo. Esther Duflo, en sus investigaciones sobre políticas de ayudas a familias en diversos países, ha demostrado mediante diversas investigaciones que, por el contrario, estas ayudas incrementan el bienestar y la seguridad de las personas y las hace más productivas. Esther Duflo ha sido Premio Nobel de Economía en 2019. Las propuestas que ha tomado el Gobierno hasta ahora van en la línea de la UE y del consenso global: modernización de la economía con inclusión social. Lo que debería de ser el punto de partida del nuevo contrato social y el pacto por la reconstrucción que necesita España. También es cierto que no todo el mundo está de acuerdo con esta orientación y han iniciado un duro combate para que nada cambie, incluso para reforzar sus posiciones. Eso explica los fieros ataques en el Parlamento por los partidos que defienden sus propósitos, en las redes sociales y en los medios de comunicación afines, en la judicialización de la política. El objetivo es hacer caer un Gobierno al que consideran ilegítimo. Pero nos jugamos mucho más que una alternancia de Gobierno. Nos jugamos el sentido de la reconstrucción de España: si lo hacemos en un marco de consenso global, alcanzando un nuevo contrato social que genere bienestar y prosperidad o no. Es así como se entiende lo que representan y pretenden los que salen a la calle con cazuelas: nada que tenga que ver con lo que acontece en el mundo para hacer avanzar al conjunto de la sociedad.
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