Recorte humano y político

La ciudad enflaquece, se está haciendo raquítico su cuerpo social, se va distanciando de su origen y perdiendo su esencia. Torrelavega está dejando escapar el talento –léase su futuro– arrojándolo extramuros, iniciando un peligroso camino que compromete su futuro y desdibujando a la que quiere seguir presumiendo de ser la segunda población de Cantabria.

Mantener el don pero sin din es complicado. Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), Torrelavega cerró 2018 con un censo de 51.687 personas empadronadas, solo a 1.687 personas para tocar la frontera de los 50.000 habitantes que significarían el más importante retroceso como entidad urbana, política y social de su larga, empinada, y ahora descendente historia. Pero también tendría consecuencias políticas.

Según la organización urbana de España, las poblaciones con 50.000 habitantes, tienen derecho a ser representadas por 21 concejales, es decir, cuatro menos de los ediles que forman actualmente la Corporación (25). Quizás sea esto lo que preocupe a algún político, pero no es desde luego, ni de lejos, lo más trascendente.

Torrelavega vive en permanente estado de crisis desde 1980, pero mantiene una valoración urbanística con vocación de milla de oro. Los precios de las viviendas y de los locales en el casco urbano –y aún en el segundo cinturón– en venta y alquiler se sitúan en niveles que poco se corresponden con su realidad económica. El centro está ocupado y copado por vetustos propietarios que guardan celosamente la propiedad como garantía económica y por lo tanto, como aval vital. Es un territorio colapsado y sin apenas posibilidad de revisión. El precio medio del metro cuadrado de las viviendas de segunda mano en venta –prácticamente todo el parque urbano central– durante el mes de diciembre de 2018 se situó en 1.489 euros, el segundo más alto después de Santander (2.026 euros) a pesar de que la distancia habitacional entre ambas urbes está mucho más lejos que los 25 kilómetros que las separan (datos de la empresa hogaria.net).

El año pasado, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE) explicaba que el número de licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento –1.500– se situaba en niveles similares a antes de la última la larga década de cruda crisis (Torrelavega ha tenido varias). Es verdad que el primer edil no detallaba si de los permisos de los que hablaba se habían solicitado para construir un edificio, retejar una techumbre, instalar un ascensor o azulejar un baño.

El mejor observatorio del crecimiento urbanístico de Torrelavega no está en los sesudos y hondos gabinetes de estudios técnicos. Se sitúa en el alto de la Montaña, en el mirador de La Peñuca, desde donde se tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Y desde allí sigue viéndose el perfil plano, aquietado, de los últimos veinte años. Los marcadores del verdadero desarrollo urbanístico lo explican las agujas y los brazos erguidos de las grúas. ¿Cuántas hay? Prácticamente ninguna. Por eso esta ciudad sigue dormida. La falta de un Plan General está expulsando a los sectores con más posibilidades de otorgar supervivencia como ciudad porque no encuentran viviendas asequibles. Por eso eligen Cartes, Reocín o Polanco para empadronarse; por eso estos municipios satélites despiertan mientras Torrelavega adormece.

El empecinamiento –preñado de algunos espurios intereses políticos preelectorales– está poniendo trabas no suficientemente justificadas a la aprobación de un Plan General que es im-pres-cin-di-ble no ya para crecer, sino para mantener a Torrelavega alejada de esos 50.000 habitantes que la amenazan y le conducen al fracaso como ciudad y sociedad.