Reforma de la ley de cadena alimentaria

Los contratos agroalimentarios tienen que, por lo menos, cubrir el «coste efectivo de producción», que se define, incluyendo la mano de obra familiar. En los contratos se podrán referenciar los precios a índices que incorporen costes de producción. Se crea el registro digital de contratos para operaciones entre el primer eslabón y sus compradores. Se endurecen las sanciones, criticadas hasta ahora como modestas, y se permite su publicación. La OPA consideraba que las sanciones por incumplimientos de la referida ley tenían «débil efecto desincentivador» porque su importe no era elevado y porque las de mayor cuantía quedaban pendientes de pago.

Se reconoce a las organizaciones representativas de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intereses colectivos, habilitadas para denunciar e intervenir en expedientes sancionadores; se mejora la figura del mediador y se fortalece el Observatorio de la Cadena, con capacidad para emitir informes sobre la formación de precios y se incluye la nulidad de cláusulas de contratos que se fijen en fraude de ley.