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El pasado 11 de marzo tuvo lugar un debate organizado por las juventudes regionalistas en el marco de la Escuela de Formación Rafael de la Sierra, debate en el que tuve el honor y el placer de participar y sobre el que quisiera trasladar ... ahora algunas ideas en las presentes líneas.
Resulta relevante destacar el origen de la convocatoria. La iniciativa partió de un colectivo de jóvenes entusiastas y con fuerte compromiso. Iba dirigida de forma principal a personas de su misma franja de edad, con independencia de la afiliación política y con la intención de promover el conocimiento y la reflexión más allá de las propias siglas. Como señalé en aquel momento, en estos tiempos en que la actividad política se encuentra tan denostada en la opinión pública, resulta oportuno también nadar contra contracorriente y revindicar la política. Sin duda ha habido excesos, pero no cabe tomar la parte por el todo. La política - junto al Derecho - es el instrumento para canalizar las aspiraciones sociales de forma legítima y las instituciones públicas (Parlamentos, Gobiernos, Ayuntamientos) son el cauce idóneo para ello.
La política es, conviene recordarlo especialmente ahora, la alternativa a la guerra. De modo que es necesario reivindicar el papel de la política y atraer a la misma a personas formadas y con vocación de servicio público. Contar con personas jóvenes, motivadas, con ganas de aprender y deseosas de contribuir a la sociedad es un tesoro que conviene cuidar y fomentar. Ello se puede hacer desde distintas perspectivas y los debates plurales sobre cuestiones de actualidad política son, desde luego, una muy relevante.
Mi intervención en la jornada se centró en la persona que ha dado nombre a la Escuela de Formación, Rafael de la Sierra, seguida de una segunda parte más breve y de contenido más jurídico sobre la autonomía en Cantabria. Esta última, que ahora simplemente dejo enunciada por falta de espacio, conecta con mi actividad profesional como jurista, condición que compartía con mi padre y que, ya en la edad adulta, nos permitió mantener largas conversaciones sobre reformas normativas y otras cuestiones relacionadas con el Derecho, incluyendo los debates sobre el Estado Autonómico. En particular, por ejemplo, abordamos en alguna ocasión el concepto de 'identidad', como elemento no exclusivo ni excluyente, que permite, eso sí, vincular a una persona con lo colectivo y que subyace a buena parte de los Estatutos de Autonomía, también al de Cantabria. Así, la pluralidad de identidades es una nota distintiva de las sociedades contemporáneas.
Dado el público al que esencialmente iba enfocado el debate, mi papel en el mismo se centró sobre todo en realizar un esbozo de Rafael de la Sierra desde la experiencia personal, contribuyendo a explicar cuál había sido su papel en la autonomía de Cantabria. Habría estado muy satisfecho al saber que una escuela de formación y pensamiento lleva su nombre, ya que a ambos conceptos les otorgaba la máxima importancia. Su talante conciliador, negociador, favorable al pacto, se ha de evocar hoy en un contexto social de 'linearrojismo' amplio y de trazo grueso, de debates polarizados, en los que resulta complejo alcanzar acuerdos. En los acuerdos -aun cuando se deba ser fiel a los propios principios, cómo no- no caben posiciones férreas e inamovibles y el resultado dejará en muchas ocasiones parcialmente descontentos a quienes los suscriben, pero sólo así se podrá alcanzar consenso en lo esencial.
El compromiso político de Rafael de la Sierra fue temprano. Siendo estudiante de Derecho en Zaragoza y representante estudiantil, se embebió del ambiente reivindicativo del contexto y se inició en la lucha por las libertades en los últimos años sesenta y primeros setenta del pasado siglo. Ese ansia de lucha por las libertades lo canalizó pronto, entre otros ámbitos, en el trabajo conjunto por la autonomía de Cantabria. Dividir el poder entre distintos puntos es uno de los aspectos esenciales de la descentralización territorial como la que caracteriza al Estado autonómico. De esta forma, además, se acerca la gestión pública a la ciudadanía, se identifican mejor las necesidades y se satisfacen de forma más adecuada los intereses públicos. Todo ello, por supuesto, en un marco más general de colaboración con las entidades superiores, que en todo caso tendrán atribuidas las competencias de aquello que deba ser común. Ello será así de forma singular para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos en el todo que componen las diversas partes.
Ese ejemplo se evocó el pasado 11 de marzo ante una audiencia plural, pero con un discurso dirigido especialmente a las personas más jóvenes. En esta como en otras cuestiones se aprecia que quienes nos suceden disponen de una visión del mundo que conviene conocer. Han nacido y están creciendo en un contexto distinto, con unas coordenadas diferentes y en este momento se está conformando la realidad en la que van a desarrollar su vida adulta. Es a esta generación a la que se ha de interpelar ahora para, de forma conjunta, reflexionar sobre el futuro.
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