La responsabilidad de los técnicos

Así como a los políticos se les examina cada cuatro años, en unas elecciones que permiten cambiar a dirigentes poco preparados, por otros nuevos que creemos serán más eficientes; a los altos cargos de la administración no se les evalúa su desempeño.

Los errores de los técnicos se pierden en una nebulosa de administraciones superpuestas o bien se obvian sin exigir responsabilidades. Los ejemplos abundan. Desde los 'sabios' del Club de Roma que, en el final de la década de los setenta del pasado siglo, predijeron que en el año 2000 no quedaría petróleo en el planeta o que la escasez de una serie de metales, en esa misma fecha, afectaría seriamente a la industria hasta privarnos de herramientas esenciales. El tiempo ha demostrado que los informes no eran exactos.

Otro caso similar fue el naufragio del buque 'Prestige' y el gigantesco vertido de petróleo que produjo. Algunos científicos, profesores de universidades solventes y con excelente reputación, aseguraron que los daños del petróleo en el mar, la costa y las playas se extendería por décadas y que la destrucción iba a ser catastrófica. Dos años después del derrame de crudo, las playas estaban limpias y la costa se había regenerado casi por completo.

En la actualidad tenemos un caso paradigmático: el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el cántabro José Félix Tezanos, ha presentado sondeos demoscópicos completamente alejados de los resultados electorales. Ha sucedido con las elecciones a la comunidad de Madrid, los comicios de Andalucía o los más recientes de Castilla y León. El hecho de que las desviaciones sean graves y que tengan siempre el mismo sesgo, demuestra que el CIS, un organismo público sufragado con el dinero de todos los españoles, no funciona correctamente. Lo lógico es relevar a quien dirige ese departamento y averiguar cuáles han sido las causas de esa diferencia entre el resultado de las encuestas y el que ofrecen las urnas tras las diferentes elecciones.

En el caso del CIS el error adquiere mayor gravedad porque, en paralelo a los resultados demoscópicos del organismo oficial, se publican otros sondeos, realizados por empresas privadas, que sí han sido capaces de ajustar su investigación a los hechos. Los centros de investigación privados trabajan con menos medios y más bajo presupuesto que el CIS, es decir, tienen que testar la opinión pública con un número de encuestas limitado, mientras que el CIS trabaja con mayor holgura y maneja más datos.

Los científicos, los expertos en diferentes materias, no deben vulnerar sus principios éticos para poner su prestigio al servicio de intereses espurios. Resulta no solo decepcionante, sino especialmente grave, que profesionales que están encuadrados en los diferentes departamentos públicos, no actúen a favor de las personas.

Los cuerpos profesionales encuadrados en la administración tienen una excelente preparación técnica y los servidores públicos, por esa razón, deben mantener su criterio objetivo por encima de cualquier planteamiento político.

La clase política debería intervenir para evitar que importantes cantidades de dinero se malgasten en predicciones demoscópicas que resultan inútiles. La ineficiencia del CIS, demostrada palmariamente en sus últimos trabajos, plantea la opción de suprimir ese organismo, máxime cuando existen empresas privadas que realizan la misma tarea y ofrecen mejores resultados... sin que cueste dinero a los españoles.

Idéntica situación se repite en otros casos, en los que desde organismos públicos se presentan planes e informes que terminan en la papelera o quedan enquistados entre la larga lista de asuntos pendientes. Los ejemplos abundan: El malecón de la playa de la Magdalena, de Santander, se realizó con informes técnicos favorables, más tarde se cedió a la presión de un grupo de opositores y finalmente se aprobó demolerlo. El malecón sigue intacto, sin concluir el plan trazado por los expertos, en el limbo de las decisiones pendientes de ejecución.