Los otros responsables

Ante sucesos que escandalizan a la opinión pública, es lógico y de justicia que se señale en primer lugar a quienes están en el vértice de la pirámide de mando: el presidente del gobierno, el ministro o consejero, el director general… y también a quienes ocupan puestos directivos de carácter técnico. En España asistimos a una serie de escándalos en los que se señala a los máximos responsables y se cubre con una capa de silencio a otros. Generalmente un hecho irregular no se comete en solitario.

Los casos de corrupción nunca son protagonizados por una sola persona. Cuando un alto cargo inicia una trayectoria cleptocrática existen en su entorno muchos colaboradores que están obligadas a levantar la voz y denunciar los hechos. Pero lo cierto es que esa obligación se elude aquí de manera sistemática. Nadie dice nada porque prefieren renunciar a cumplir con su deber a soportar la presión del poderoso.

La mejor forma de combatir la corrupción es extender las responsabilidades no únicamente al autor, sino a los diferentes cargos que tienen la obligación de denunciar los hechos ilegales.

En España asistimos a un espectáculo deprimente en el que los diferentes filtros de control dejan de actuar. Los ejemplos son muchos y afectan a diferentes partidos. Un caso claro lo vemos en el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que sigue al frente del gobierno pese a la ineptitud demostrada y las diferentes versiones ofrecidas de lo sucedido el día de la dana. Junto al ineludible análisis crítico del presidente de la comunidad se esconden otras acciones inexplicables. Uno de los organismos más directamente implicados en la tragedia de la riada es, sin duda, la Confederación Hidrográfica del Júcar. El presidente de ese organismo, Miguel Polo, apenas aparece en ese drama. Nada sabemos del estado de los cauces y si se habían llevado a cabo las obras previstas. Lo mismo sucede con la delegada del Gobierno, que tiene la responsabilidad sobre las fuerzas del orden y la que pudo solicitar a los diferentes ministerios una intervención inmediata.

Más escandaloso todavía es el caso del exministro José Luis Ábalos. Tres años antes de que fuera destituido y encausado una periodista, Ketty Garat, denunció las ilegalidades que estaba cometiendo. Ante las pruebas aportadas ningún responsable del ministerio ejerció su tarea de comprobar si las denuncias eran ciertas. No se activó una mínima comisión de investigación. Algunos colegas periodistas de Garat se mofaron de ella… y mantienen sus puestos de trabajo. ¿Por qué no asumen su responsabilidad los jefes de personal de las empresas que contrataron a la amante de Ábalos que no fue ni solo un día a trabajar? Los delincuentes necesitan del silencio cómplice de quienes están obligados a defender a los ciudadanos.

Los ejemplos de los casos en los que los funcionarios y otros colectivos debieron alertar y denunciar irregularidades son numerosos. La impunidad para quienes tienen la obligación de actuar como garantes de que se cumplen las leyes es una de las causas que facilitan la comisión de delitos.

En muchos casos de corrupción se constata la pasividad de los sindicatos. En el de Ábalos, ninguno se enteró de la contratación fraudulenta de Jésica y eso que duplicó su actividad en dos empresas públicas distintas.

Si descendemos a nivel municipal vemos también casos en los que se eluden responsabilidades. El ayuntamiento de Santander aborda estos días la reparación de la 'Duna de Zaera' y busca una solución duradera. Lo mismo sucede con las terrazas ajardinadas del parque de Las Llamas. Los autores del proyecto deberían responsabilizarse de unas obras que cualquier persona conocedora del clima local pudo predecir que durarían muy poco. No es aconsejable utilizar materiales como la madera o unas tarimas de plástico en infraestructuras al aire libre y más si se encuentran cerca del mar. Ahora resulta obligado reparar los daños con un coste añadido.

Los errores y las actuaciones carentes de la más mínima ética son posibles no solamente por los autores directos, sino también por quienes guardan silencio y no denuncian los contratos ilegales o renuncian al sentido común.