La respuesta ante el impacto de la guerra

El Plan aprobado contiene ocho objetivos: bajar de los precios de la energía; apoyar a empresas, trabajadores y colectivos vulnerables; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el Plan de Recuperación; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Para responder a esos objetivos el Plan del Gobierno enumera medidas dirigidas a las empresas, trabajadores y familias; a los sectores del transporte, pesca, agricultura, ganadería y energía, y la previsión es destinar 10.000 millones de euros en avales del ICO y 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos. El Plan del Gobierno define ayudas directas: 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones para el sector pesquero; 500 millones para los grandes consumidores de electricidad; 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para el transporte por carretera de mercancías y pasajeros.

Unos días antes, Núñez Feijoo presentaba su propuesta económica remitida al presidente Pedro Sánchez, intentando diferenciarse de Pablo Casado. El documento «en defensa de las familias y la economía de España», no escatima críticas para presentar la peor fotografía posible de la economía española actual y sobre ello proponer medidas correctoras. Fortalecer a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) como órgano de evaluación del gasto público; buscar mayor eficiencia en el gasto público; mejorar la creación de empresas o la competencia de los mercados o cómo aumentar las bonificaciones fiscales que sustituyan a las subvenciones, aparecen como ideas sugerentes, aunque inconcretas, para profundizar en ellas.

El texto del PP recoge la mayor recaudación fiscal que se ha producido en 2021 y previsiblemente en 2022, y plantea reducción de impuestos directos e indirectos de entre 7.500 y 10.000 millones, haciendo referencia al IRPF, IVA, impuesto de Sociedades e impuestos que gravan la energía e hidrocarburos. No cita el documento que la bajada de impuestos de la luz aprobada por el Gobierno llegará a los 12.000 millones si la medida se extiende hasta finales de 2022.

Esa bajada de impuestos directos e indirectos del PP, aunque sea selectiva y temporal, tiende a descapitalizar los servicios públicos y debilitar nuestras cuentas públicas. Lo correcto, y esa es la posición del Gobierno, es destinar la mayor recaudación fiscal a reducir el déficit público y apoyar a quienes tienen situaciones más difíciles y están más expuestos a los efectos de la invasión de Ucrania. El PP es crítico con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation, y plantea una modificación (que debiera aprobar Bruselas) del Plan de Recuperación para utilizar parte de esos Fondos en incentivos tributarios.

El documento del Partido Popular no menciona que de los 140.000 millones de euros de Fondos Europeos asignados a España, ya se han autorizado 30.311 millones, de los que 13.345 millones se han transferido a las Comunidades Autónomas en el esquema de cogobernanza acordado para gestionar los Fondos. Para ser gestionados por el gobierno de Cantabria se han transferido 207 millones.

El desafío ahora es que esas ayudas se ejecuten por empresas y Administraciones y los fondos lleguen al tejido productivo; que se gestionen con agilidad y transparencia los Proyectos Estratégicos (Perte) que por su importancia inversora tienen capacidad de arrastre para otros proyectos. Se han aprobado nueve Perte's y están pendientes de aprobación dos más, con una previsión inicial de movilizar 31.600 millones de euros de inversión pública y 37.800 millones de inversión privada.

La reforma fiscal es una exigencia de la UE y está prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque hay un acuerdo bastante generalizado de que nuestro sistema tributario es incompleto, agravado desde la crisis fiscal de 2008, no cumple satisfactoriamente con la redistribución de los recursos y tiende a incentivar la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas. Con ese objetivo se encargó a un grupo de expertos la elaboración de un Libro Blanco, publicado el pasado 4 de marzo, que plantea 118 recomendaciones, y cuyo objetivo es definir con la mayor precisión posible las necesidades de gastos público, cómo garantizar su financiación con mayor disciplina fiscal, con una participación de los ciudadanos en función de su capacidad económica y mejorar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. El documento, de momento, reposa en alguna estantería.