El retorno del agujero

La pura necesidad de contener la situación lleva al paladino ('cavalier', diría un inglés) incumplimiento de previsiones: se quita dinero de fomento del empleo, de obras públicas, de acciones industriales e incluso de las empresas públicas autonómicas. La idea no es difícil de percibir: el gasto corriente sigue en alza y, como las riadas del Saja, se lleva por delante todo lo que pilla. En estas condiciones, la discusión política corre el riesgo de convertirse en una mera esgrima retórica sin relación alguna con la realidad.

Pues lo cierto es que, como cualquiera puede comprobar en el portal del Ministerio de Hacienda, Cantabria terminó 2018 con superávit: le 'sobraron' 19 millones, más otros que no gastó, aunque tenía derecho a ello porque se le permitía un pequeño déficit. Algún día nos explicarán cómo una autonomía con tantas necesidades se puede permitir el lujo no sólo de despreciar su margen de déficit autorizado, sino incluso de cerrar con superávit. La verdad es que se compadece mal con las recientes confesiones sobre el agujero sanitario. Si se dejaron de gastar unos 60 millones que estaban previstos…

Este año la historia es muy diferente. El propio Ministerio de la señora Montero nos indica que hasta septiembre el agujero cántabro era ya de 105 millones. Pero, claro, todo esto cuesta un poco entenderlo. Si la economía crece y crea empleo, si el sistema de financiación es más o menos el mismo de siempre (porque no hay Gobierno en España para modificarlo), y si la Administración viene haciendo lo mismo de siempre o punto menos, porque las inversiones son en buena parte obras de hacienda-ficción (en octubre sólo se había ejecutado un 45%), ¿cómo es que retorna el gran agujero, amenazando con subidas de impuestos y/o recortes de gastos?

La respuesta no puede ser otra: los mayores ingresos de la Administración por diversas causas están alimentando una espiral de gasto que no sólo no se puede cubrir con esos incrementos, sino que incluso exige por añadidura, como los dioses mayas, sacrificios de los gastos sociales y de promoción económica. Por ejemplo, en el Servicio Cántabro de Empleo, a lo largo del año, la partida presupuestaria se ha recortado en 9 millones de euros y, de lo que quedó, a 31 de octubre sólo se había gastado el 65%, según la Intervención General. ¿Llegará el día en que el parado piense que el Gobierno queda bien con los empleados del SCE a costa de los recortes que a él le afectan?

Hay otros ejemplos de estas decisiones, que se toman desde la conciencia de que algunos ingresos se inflaron, pero que muchos gastos que con ese mismo aire se inflaron, inflados siguen. Naturalmente, ejecuciones presupuestarias de este tipo trastocan el concepto democrático (da igual lo que discuta y apruebe el Parlamento, porque las previsiones son muy inexactas desde el minuto uno) y también la confianza de la sociedad en la administración. Todo el mundo presiente que, por un lado, los recortes de inversiones y ayudas al sector económico causarán daño al crecimiento y al empleo, es decir, al bienestar y a la esperanza de muchos hogares; y que, por otro lado, la permanencia del agujero incontrolable conducirá a subidas de impuestos que recaerán en los de siempre. Sobre esto no hay ninguna duda, porque es un clásico: Robin Hood ni roba al rico ni se lo da al pobre: roba al del medio y se lo quedan él y su pandilla del bosque.

No veo a nadie en posición de defender ni la necesidad de que el parlamentarismo pase a ser solo una representación dramática en 'streaming', ni la de que la realización del presupuesto tenga que perjudicar a la sociedad en dos tiempos, en el primero con recortes de gasto y en el segundo con aumentos de impuestos. Parece mejor opción decir la verdad a la región, trazar un camino sensato, y devolver credibilidad a instituciones que la perderán muy deprisa de persistir este divorcio entre discursos oficiales y situaciones reales.

Que Cantabria se apretase en 2018 el cinturón cuando no tocaba y que lo haya aflojado en 2019 sólo para las partidas salariales y no para animar una economía alicaída, necesitará muy esforzados oradores para explicarlo. Oradores deberán ser, que profesores quizá no se atreverían.

Cuando una autonomía empieza a necesitar que le toque el gordo de la Lotería es posiblemente como consecuencia de la poca rentabilidad de las decisiones precedentes. Junto con la evaluación de escenarios más realistas de proyecciones presupuestarias, convendría una cierta autoevaluación. Cuando se realizaron las transferencias sanitarias, la negociación fue durísima (entre dos gobiernos del mismo partido, el PP) porque la parte cántabra sabía que una Sanidad mal traspasada se cargaría no sólo la calidad sanitaria, sino financieramente toda la autonomía. Los que de verdad quieran la viabilidad de un gasto social de calidad deben hacer un ejercicio de transparencia democrática y abrir un debate muy serio. Quitar 9 millones a los parados para pagar nóminas de médicos mal presupuestadas no debería convertirse en costumbre.