Revalorización de las pensiones

En 2018 hubo de hacerse una ligera revisión porque los precios aumentaron una décima más que las pensiones. En 2019 las pensiones ganaron 9 décimas de poder adquisitivo porque la inflación fue inferior a la revalorización y este año ganarán un 1,1% habida cuenta de que las pensiones crecieron un 0,9% y la inflación fue de un -0,2%.

Impedir que las pensiones pierdan poder adquisitivo ha sido incluido en las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado mes de octubre por una muy amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. Enonces, se recuperó la fórmula de conservar el poder adquisitivo de las pensiones vinculando su revalorización a la evolución real de los precios.

El Pacto de Toledo, llamado así porque la primera reunión con representantes del PP, PSOE, CIU e IU se celebró en aquella ciudad, se creó en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos. Su objetivo era sacar las pensiones del debate político y electoral; que las reformas de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones se adoptaran por consenso y asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

La primera comisión parlamentaria del Pacto de Toledo publicó un documento en 1995 en el que se analizaba la evolución del sistema español de pensiones, se planteaban los retos futuros y se establecían una serie de recomendaciones que dieron lugar a la Ley de 1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Aquellas recomendaciones incluían, entre otras, la revalorización de las pensiones según la evolución del IPC y se creaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En el año 1999 se creó en el Congreso de los Diputados una Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que se reuniría cada cinco años con el objeto emitir un dictamen que analizara el sistema de pensiones y propusiera recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema y garantizar la eficacia de las reformas.

El último informe de recomendaciones es del 29 de diciembre de 2010. En la actualidad, esta Comisión está formada por 54 diputados. No se trata de una comisión legislativa, por lo que emite informes con recomendaciones sin carácter vinculante.

Aquel objetivo de adoptar las reformas por consenso saltó por los aires en 2010, cuando la izquierda parlamentaria se opuso a la propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. El PP votó en contra de esa reforma del PSOE que retrasaba de forma progresiva la edad de jubilación a los 67 años y ampliaba el período de cálculo de la base de cotización para cobrar el 100% de la pensión.

En 2011 y por decreto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización anual de las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas.

Posteriormente, con el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras crear una comisión de expertos, acometió una nueva reforma saltándose así el Pacto de Toledo. El PSOE votó en contra de esa reforma, que aprobaba el nuevo Índice anual de Revalorización de las Pensiones, desvinculando la revalorización a la evolución del IPC y con el Factor de Sostenibilidad se ajustaban las pensiones de los que se jubilaran a partir de 2019 en función de su esperanza de vida. La previsión de la revalorización era que en épocas de bonanza se podía llegar a un aumento de la pensión según el IPC más un 0,5% y en las de crisis la subida sería del 0,25% independientemente del IPC.

Esa reforma de 2013 quedó en suspenso cuando Mariano Rajoy cedió ante el PNV para buscar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Después de cuatro años de reuniones, la Comisión del Pacto de Toledo aprobaba el pasado mes de octubre 22 recomendaciones, partiendo de unas premisas; preservar el modelo público de reparto, adoptar las medidas adecuadas que garanticen su sostenibilidad en el medio y largo plazo, dotando de certidumbre a pensionistas actuales y futuros con revalorización en base al IPC real, y consolidar la separación de fuentes de financiación para restablecer el equilibrio financiero del Sistema: las cotizaciones sociales se destinarán a financiar prestaciones contributivas y las prestaciones no contributivas y otros gastos que asume la Seguridad Social se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Este informe se constituye en la base para que el Gobierno adopte las reformas que sirvan para mejorar el presente y el futuro de las pensiones.