La riada de Valencia, prueba de estrés para España

Las deficiencias han quedado a la vista. El Gobierno nacional no ha aplicado el estado de alarma o emergencia en una situación con más de doscientas víctimas y con unas pérdidas económicas milmillonarias, que han afectado a dos autonomías. Los sistemas de alerta de riesgo tanto meteorológico cómo hidrológico fueron incapaces de afinar su predicción y de avisar de las alertas rojas de la Aemet. Las dudas y carencias materiales de la Comunidad Valenciana saltan a la vista. La presidenta y la Mesa del Parlamento nacional estuvieron más atentas a sus intereses partidistas que a prestar atención a las riadas de Valencia y Albacete.

Sobre la legalidad y la competencia de decretar el estado de alarma no hay lugar a la duda. El 1 de junio de 1981 se aprobó la ley que establece que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional «cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, tales como catástrofes, calamidades o desgracias públicas, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad». Es un texto claro, que no permite dudas ni interpretaciones.

La conclusión no puede ser otra que una renuncia descalificante de un gobierno que se niega a gobernar; es decir, a ponerse al frente del país, porque lo que pretende es que el problema caiga sobre el partido adversario y le aplaste.

Ante esta situación de máxima emergencia es preciso aceptar que la prueba de estrés no se ha superado. Por el contrario, han aparecido grietas y desequilibrios de gran importancia.

La primera conclusión es que el Estado Autonómico presenta serias disfunciones. La forma en que el Gobierno de España se ha dirigido a la de la Generalidad Valenciana es indigno de la máxima autoridad ejecutiva de la nación, despectivo, y falto de empatía con los fallecidos, allegados y afectados. La presencia de partidos en el Gobierno que llevan en su ideario la fragmentación de España es un elemento que pone en cuestión la cooperación. Desde formaciones independentistas se alienta todo lo que sirva para enfrentar a las diferentes comunidades y, sobre todo, eliminar la presencia del Gobierno de España. Las autonomías atienden a una imprescindible descentralización y acercan, sin duda, el gobierno a los ciudadanos. Cuando se pierde ese horizonte y se incrementan las competencias hasta crear organismos paralelos, se cae en el gasto superfluo y en la ineficacia.

La jornada del domingo tres de noviembre, es una lección que debe analizarse con atención. Lo primero: rechazar la violencia y hacerlo con contundencia. No es admisible que se agreda con piedras y palos al rey de España, al presidente del Gobierno o al presidente de la Generalidad Valenciana. Lo segundo, aplaudir la responsabilidad y el coraje de los Reyes de España que, pese a la indicación de sus escoltas de retirarse de Paiporta, dialogaron con los vecinos y escucharon sus peticiones. En tercer lugar, enfocar el futuro inmediato porque es imprescindible un plan de recuperación económica y social muy potente.

El retraso en la movilización del ejército ha sido un error en la gestión de esta enorme crisis. Existe, por parte de algunas formaciones políticas, el proyecto de arrumbar cualquier elemento de cohesión de las diferentes regiones españolas. Uno de los eslabones más fuertes de esa cadena de unidad es el ejército. Los socios del Gobierno socialista no quieren que los militares aparezcan en la vida cotidiana de España. Primero se movilizó solamente a la UME, que es una pequeña parte de las fuerzas armadas y que lleva un nombre diferente para que no se simbolice la intervención de tropas militares, con capacidad de intervención inmediata y con dimensión mucho mayor que la movilizada.

Los meteorólogos han perfeccionado mucho sus técnicas de pronóstico, pero aun así no era posible determinar que la DANA iba a descargar esa ingente cantidad de agua y menos aún en qué lugares concretos. Las obras previstas de encauzamiento del barranco, proyectadas hace años, están sin hacer.

La reacción de Cantabria ha sido buena. Desde Cáritas, que inició una recogida de ayudas de primera necesidad, hasta el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria han puesto en marcha protocolos de ayuda. La gestión de la riada de Valencia ha supuesto, además de la perdida de vidas y los daños materiales, un duro golpe a la credibilidad de la clase política. La confianza de los españoles en las altas instituciones políticas y burocráticas se ha resquebrajado ante el espectáculo del enfrentamiento, la descoordinación y la ineficacia en un país desarrollado y con suficientes recursos para atender una emergencia tan destructiva.

Desde Foramontanos Siglo XXI instamos a poner ahora, todo el esfuerzo en la recuperación de las personas y de las localidades afectadas, y hacerlo desde la unidad y la generosidad. También extraer lecciones de lo ocurrido para mejorar el diseño del país para el futuro.

Firman este artículo: Calixto Alonso, Ramiro Bedia, Carmen Carrión, Daniel Casanova, Lucía Casanueva, Carlos Casanueva, Manuel Ángel Castañeda, Alberto Cuartas, Francisco Diez Iglesias, Claude Didier, Antonio Eraso, Carlos Fernández-Lerga, Tomás Ramón Fernández, José García-Morales, Emiliano Martínez, Mercedes Ortega, Juan Manuel Pérez de Guzmán, Gervasio Portilla, Rafael Puyol, Julio Rama, Pedro Rivero, Carlos J. Rodríguez, Eduardo Rodríguez-Rovira, Ignacio Rosales, Carmen Sáiz-Ipiña, Javier Santacruz, Marisol Ugarte y Eduardo Zúñiga.