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Una constante de estos cuarenta años de autonomía de Cantabria ha sido el fiasco urbanístico-territorial-ambiental. Numerosos planes, proyectos e incluso realidades tangibles han sido derribados en los tribunales: o bien porque no se aplicaron las leyes vigentes, o bien porque estas son tan ... perfeccionistas y complejas, que sería casi milagroso cumplirlas. Aquí se han anulado urbanizaciones enteras (diversas víctimas siguen manifestándose porque lo suyo no se ha solucionado aún), como El Cuco; planes municipales de urbanismo tan relevantes como el de Santander; una depuradora enorme y carísima como la de Vuelta Ostrera; un plan eólico regional que quería instalar mil molinos; la variante de Comillas... Existe una siniestralidad jurídica muy elevada cada vez que se plantea una inversión o una programación de cierto alcance.
Y podría ser peor. Un lector atento a la vida empresarial ha llamado mi distraída atención sobre un documento que es público: la aprobación inicial por la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), el pasado 9 de abril, del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para crear una amplia zona económica en el Llano de La Pasiega, en Parbayón (Piélagos). Aprobación 'inicial' quiere decir que ahora continúa diversas tramitaciones con la esperanza de llegar algún día a la aprobación 'definitiva' para acometer las obras previstas.
Esa aprobación inicial ha sido fuertemente contestada, según consta en acta, por dos colegios profesionales: el de Biólogos y del de Geógrafos. «Fuertemente contestada» es un eufemismo. Los reproches al PSIR son tantos y tan serios, que duda uno de si ese proyecto podría sobrevivir a una litigiosidad futura, salvo que experimente modificaciones que en todo caso llevarían bastante tiempo y retrasarían la ejecución.
No pienso dedicarme a la futurología contencioso-administrativa, la más difícil de las ciencias ocultas. Pero puedo resumir las objeciones de estos científicos, y usted juzgue por sí. Como información previa solo necesita recordar que se trata, a partir de un proyecto cuyo papeleo se remonta a mayo de 2007, de urbanizar un suelo mayoritariamente rural de unos dos millones de metros cuadrados, para crear dos áreas de actividad económica: una para logística del transporte, de unos 567.000 metros cuadrados, y otra más reducida, de 185.000, para usos industriales. El resto son conexiones y áreas complementarias.
Los biólogos se quejan de que no hay un inventario real de la fauna de la zona y de cómo afectará el proyecto al movimiento de animales entre dos de las principales zonas boscosas litorales, teniendo en cuenta además la tendencia de cambio climático. Creen que tampoco se han valorado adecuadamente las alternativas desde la perspectiva ambiental, y censuran la metodología utilizada para justificar la opción elegida. Al hablar del diagnóstico global, el acta menciona que el Colegio reclamó que «las valoraciones hay que hacerlas con rigor científico» y que se va a crear «una barrera infranqueable en la conectividad ecológica». La valoración de impactos «resulta un tanto ininteligible», se duda de la metodología y se advierte de que no hay una valoración suficiente sobre almacenaje de mercancías peligrosas. El estudio paisajístico se considera «muy genérico y no cumple los requisitos de un análisis de estas características», lo que los biólogos juzgan «incomprensible». Además, señalan las afecciones al suelo, la ausencia de informes anteriores de Desarrollo Rural que subrayaban el valor agrológico de estos terrenos y, para rematar, una cierta contradicción con la propia Estrategia frente al Cambio Climático, aprobada por el Gobierno regional en 2018 y vigente hasta 2030, que apuesta por proteger las zonas agrícolas de proximidad. No hallan, por otra parte, medidas compensadoras suficientes para esa pérdida de suelo agrario y conectividad ecológica. Por último, la intervención de varias administraciones en La Pasiega da lugar a concurrencia, problemas de jerarquía y definición de la tramitación correcta. O sea, una especie de enmienda a la totalidad del PSIR, porque se pide reelaborar el estudio ambiental y se afirma la posible vulneración de al menos cuatro leyes, entre ellas la de suelo y las de control y evaluación ambiental. Casi nada.
No más liviana es la posición desfavorable del Colegio de Geógrafos. Dice que la información gráfica del PSIR es «totalmente inadecuada», se reclama rigor técnico y metodológico, se critica la ausencia de un estudio adecuado sobre el ruido y, como en el caso anterior, se echa en falta un estudio sistemático de las alternativas. El análisis del paisaje se considera «precario», «mínimo», «prácticamente inexistente para la profundidad que requiere un proyecto de esta envergadura». Debido a estas carencias de diagnóstico, tampoco se pueden dar por válidas las medidas correctoras (ya que no se ve bien lo que se necesitará corregir). Los geógrafos, asimismo, dudan de que el conjunto del PSIR se esté tramitando correctamente después de todos los vaivenes legales que ha sufrido, en algunos de los cuales podrían haber faltado, señalan, trámites de información pública y difusión. Así que proponen la redacción de un nuevo documento «por un equipo pluridisciplinar» y con todos los cánones.
No solo, pues, la larga cambiada de la ministra Calviño sobre la asignación de fondos europeos a La Pasiega hizo notar que la financiación no se halla aún resuelta, sino que además la discrepante argumentación de algunos colegios profesionales, aquí resumida muy apretadamente y en lenguaje llano, hace pensar que, sin ciertas modificaciones de relieve (en las que suponemos ya estarán trabajando los equipos competentes), este PSIR sería vulnerable en un posible contencioso. Asegurarse contra esos riesgos consumirá más tiempo de lo previsto; tirar para adelante contra viento y marea podría crear un 'Cuco industrial' en Parbayón. Creíamos que La Pasiega es un llano, pero podría resultar una montaña con riscos peligrosos, una vía ferrata administrativa. Naturalmente, otros miembros de la Crotu (entre ellos hay otros tres colegios profesionales) no piensan como los discrepantes y han aprobado el documento. Pero el problema no es la comisión, sino los contenidos que se podrían judicializar mañana. Viendo la situación global, pues, parece una iniciativa necesitada de más sólidas certezas normativas y presupuestarias que las hoy existentes.
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