Puigdemont, menguante

En el año transcurrido desde entonces, de manera paralela a su disminución electoral, su capacidad de influencia ha ido a menos. Junts es un partido decreciente, y el episodio protagonizado el día de la investidura de Salvador Illa como president no deja de ser un esperpento sin consecuencias prácticas.

Puigdemont mantiene, sin duda, su capacidad sobre la marcha de la política española. Obtuvo, tal cual, la ley de amnistía, y sus votos han continuado siendo decisivos. Pero hasta ahora: su tendencia es la marginalidad. El viejo-nuevo partido de Jordi Pujol, tan dependiente de las acciones de su actual expresident, paulatinamente va a caer en la nada. Evidentemente tiene posibilidades de estorbar, de poner dificultades e incluso de bloquear la legislatura. Pero las decisiones tomadas en Cataluña nos indican que hay vida al margen de Junts. Podrá apoyar o no el Presupuesto, podrá apoyar o no el acuerdo PSC-ERC, pero sus decisiones ya no son fundamentales.

Porque lo importante no es cómo sigue o no el Gobierno de Pedro Sanchez, sino que Cataluña va a reencontrar el camino para un futuro común en el conjunto de España. Es el triunfo de la política, ratificado por el voto ciudadano, y va colocando a cada cual en su sitio. Junts es un partido del centro-derecha, su política, por ejemplo en inmigración, no se diferencia de la habitual en la derecha, incluso es más agresiva. Por su parte, ERC es un partido tradicional que toma sus decisiones en perspectiva y cuyas resoluciones no tienen que ver solo con la independencia sino con el día a día de la ciudadanía en Cataluña y en toda España.

Triunfo de la política, pero ¿a cambio de qué? Hace poco Josep Borrell decía que se ha impuesto el relato del 'procés'. Estoy de acuerdo: el compromiso PSC-ERC parte del principio indubitado de la infrafinanciación de Cataluña. No es el «España nos roba», pero por ahí va. No es una cuestión puramente técnica y nunca se habría llegado a ella sin la necesidad de los votos de Esquerra.

Esto nos lleva al debate sobre la igualdad-desigualdad y la búsqueda de una estabilidad en la financiación autonómica. La Constitución del 78, paradójicamente, tras afirmar lo contrario, consagra la desigualdad: ahí están la disposición adicional sobre los derechos forales vascos y navarros, y su traslado a los estatutos de autonomía. También está el régimen fiscal del archipiélago canario y, sobre todo, el hecho de que la solidaridad obligatoria, calculada en relación a población y PIB, no ha sido capaz de corregir las diferencias de recursos entre comunidades. La Constitución consagra ambas cosas, incompatibles, tanto la igualdad como la desigualdad. Y la gran mayoría lo acepta. ¿Qué fuerza política, o empresarial, o sindical, o social discute el cálculo del Cupo vasco?

Hay hipocresía. Cuando en tiempos de José María Aznar se cedió a Cataluña la gestión de un alto porcentaje de los ingresos por IRPF, ¿se hizo por la unidad de España? ¿Y ahora cualquier cambio es discriminatorio?

Hay más desigualdad personal que territorial: el porcentaje de ciudadanos por debajo del nivel de pobreza ha crecido desde la pandemia, la distancia con los más ricos ha aumentado. Cuando el uso de los recursos públicos para corregir la desigualdad fracasa, es un fracaso del propio sistema. Y en España sigue siendo decisivo dónde y cómo se nace.

Lo que no puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es inventarse cosas: eso de la perspectiva federalizante. Nunca se hubiera dado ese paso si no fueran necesarios los votos. Probablemente la Constitución del 78, que ya tiene 46 años (más que el franquismo o el juancarlismo) resulta ya insuficiente. Puede ser necesario un cambio. Pero la peor manera es hacerlo como un trágala, sin debate y consenso previos. A cambio de votos.

El Estado federal, que tiene una gran cohesión, como lo demuestran por ejemplo Alemania o EE UU, necesita un debate en profundidad y requiere de manera imprescindible la participación del adversario político, el PP, y de todos los partidos con representación. Así como de los territorios: no estamos eligiendo sobre qué bases puede el PSOE continuar en el Gobierno, sino sobre el escenario de futuro, que debe durar varias décadas. Hablando en plata: el Estado federal es más importante que el Gobierno de izquierdas, no puede utilizarse como salida a una determinada situación política. No es moneda de cambio para persistir en el Gobierno.