Amnistía y corresponsabilidad

¿Acaso rendiría un servicio similar una ley de amnistía? En tal caso debería ser bienvenida, pese a que cueste hacerlo desde la jurisprudencia o la mera prudencia. Con todo, no deja de resultar controvertido el modo de plantearla. Exigirla como un requisito previo para respaldar una investidura y posibilitar la formación de un Gobierno progresista evitando nuevas elecciones no parece lo más atinado bajo ningún punto de vista. Podría llegarse a ella tras recorrer un complejo proceso de diálogo y siempre cabría derribar a un Ejecutivo que no cumpliera con sus compromisos. Pero ese respaldo debería considerar otros criterios que atendiesen los intereses generales representados en sede parlamentaria, incluyendo en este colectivo al cuerpo electoral más afín a los partidos que reclaman esa ley de amnistía.

Cuestiones tales como combatir la precariedad laboral, mantener el poder adquisitivo de las pensiones o mejorar las prestaciones de todo tipo deberían ser el objeto del debate para generar acuerdos relativos a una investidura. Hipotecarla con una reivindicación tan puntual y concreta como esa no es un dato halagüeño. Dar la impresión de que ciertos personalismos pueden provocar una nueva consulta electoral porque no se cumplan sus exigencias abona la creciente desafección política que prolifera por doquier. Sentarse a negociar y no renunciar a la vía unilateral es una contradicción en los términos. Equivale a pedir un quimérico hierro de madera.

El mismo Kant que aplaude la Revolución Francesa por favorecer una constitución republicana dictamina que sería un sinsentido introducir en una constitución política el derecho a la rebelión. Hasta que se cambian las leyes es imperativo cumplirlas y no vale acatarlas parcialmente. Puigdemont debería haber dimitido como presidente autonómico para proclamar una república independiente. Hacerlo desde la institución que le confería ese alto cargo rompe todas las reglas del juego y genera un peligroso ambiente de indefensión jurídica colectiva. De aceptar este comportamiento como un criterio universal, resultaría del todo punto imposible distinguir la traición del heroísmo sin tomar partido previamente.

Los problemas partidistas no deberían interferir las negociaciones para posibilitar la formación de uno u otro Gobierno. Esa clase de perturbaciones retrata desfavorablemente a quienes las causan, relegando con ello a un segundo plano cuestiones capitales para toda la ciudadanía. Hay que afrontar la cuestión territorial sin más demora, pero eso no significa condicionarla de antemano. Hacerlo así denotaría una mentalidad con rasgos más propios de aquella que se pretende criticar y dejar atrás.

¿A qué o quién beneficiarían unas nuevas elecciones? En modo alguno al sistema democrático. El cuerpo electoral no se ha equivocado al expresar su parecer. Es hora de saber administrar esa voluntad soberana y no darle la espalda para pescar en río revuelto. Romper la baraja porque no haya un acuerdo de máximos reflejaría una escasa estatura política. La política es el arte de ceder para conseguir unas metas trabajosamente pactadas. Imponer las propias prioridades es puro autoritarismo, aun cuando se decline desde la mayor de las impotencias.

Amnistiar es algo muy serio y exige grandes dosis de responsabilidad, sobre todo por parte de quien recibe semejante gracia política. Lo contrario te hace indigno de recibirla y levanta sospechas respecto a una posible malversación de tal confianza. Los gestos no deben provenir únicamente de un lado. Tienen que ser bilaterales y requieren de una imprescindible corresponsabilidad. Pretender combatir una presunta hegemonía con otra, lejos de neutralizar ambas, consigue robustecerlas. Al talante supremacista no se le derrite emulándolo. La política se inventa para neutralizar los excesos y su destino es favorecer marcos de convivencia donde nadie se sienta marginado a priori.