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De las crisis puede nacer lo mejor», exhortaba Emmanuel Macron el 31 de diciembre a los franceses para encarar 2024, «un año de determinación, de regeneración, de orgullo». El regreso de las guerras, el temor a la pérdida de empleo, la inflación, los episodios de ... odio y violencia debilitan la cohesión del país, enumeraba el presidente de la República, alentando a sus compatriotas a disfrutar de «una añada francesa» con los Juegos Olímpicos en casa. ¿'Olvido' u 'omisión voluntaria'? Ni mención a la crisis política de su Gobierno desde la aprobación de la ley de inmigración el 19 de diciembre. A la espera de las decisiones del Consejo Constitucional sobre el texto, la ya ex primera ministra Elisabeth Borne comprende ahora el «particular agradecimiento» de su jefe en la alocución de fin de año. Obligada a presentar su dimisión, Gabriel Attal ocupa ya su puesto.
Tras la crisis por la reforma de las pensiones, Borne ha despachado con entereza la defensa de la ley de inmigración. Se va con «la conciencia del deber cumplido». Sobradamente. El recorte dado al texto devuelto por el Senado aligera la derechización de la macronía. La ex primera ministra reconocía a su mayoría relativa muy tocada tras la aprobación de la norma con los votos de Reagrupamiento Nacional y con los contenidos de extrema derecha incorporados. Borne paga los platos rotos. Marine Le Pen vive esta ley como una «victoria ideológica».
Promovida a la jefatura del Gobierno en mayo de 2022 para ofrecer una pátina de feminismo y de izquierda al segundo mandato de Macron, no pestañeó para hacer tragar a su bancada una ley contraria a sus convicciones. Sesenta representantes de Renacimiento, de MoDem o de Horizontes rehusaron otorgar su voto; el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, dimitió en firme; la responsable de la enseñanza superior, Sylvie Retailleau, no ha visto aceptada su renuncia; otros ministros confirmaron un malestar que llevó al portavoz del Gabinete, Olivier Véran, a recordar a los extranjeros en el mismo Consejo de Ministros: «Tienen ustedes su sitio en la sociedad francesa». El ala izquierda del macronismo no ha tragado.
El proyecto de ley de inmigración del ministro de Interior, Gérald Darmanin, fue rechazado en la Asamblea Nacional el 11 de diciembre por una coalición inédita de oposiciones: izquierda, derecha y extrema derecha. En segunda lectura en el Senado, la copia devuelta fue calificada de «museo de los horrores». El Gobierno se vio obligado a convocar de urgencia una comisión mixta paritaria para encontrar un texto de compromiso entre la Asamblea y el Senado. Elisabeth Borne sustituyó su «tecno-esclavitud» por el juego político, decidida a ejecutar las directrices del jefe de Estado: arrancar una ley costase lo que costase sin acudir al decreto del artículo 49.3 de la Constitución, tan desgastado para los Presupuestos, que permite aprobar una ley sin el voto parlamentario.
Esquivando el inmovilismo que teme el presidente, el Gobierno de Borne cedió a la derecha en sus exigencias: restricción del acceso a las prestaciones sociales a extranjeros en situación regular, fin de la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho para los niños nacidos de extranjeros, exclusión de los 'sin papeles' del alojamiento de urgencia, limitación de la ayuda médica del Estado, imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros… Esta ley adopta la «preferencia nacional», osamenta del lepenismo. Jamás Macron había aparecido tan dispar respecto a lo encarnado durante su campaña de 2017: apertura y progresismo frente a los partidarios del repliegue nacionalista.
Pero el jefe del Estado no está fuera de sincronía. Los sondeos de opinión otorgan el punto a RN: según la encuesta de Elabe de 20 de diciembre, el 65% de los franceses considera que la votación de esta ley es un éxito de Marine Le Pen y el 71% juzga que el texto corresponde a las ideas del partido de extrema derecha. Las expectativas para las elecciones europeas de junio confirman la ventaja de Reagrupamiento Nacional. Reflotar el quinquenato conlleva prescindir de la leal Elisabeth Borne.
La mayoría presidencial vacila; por ahora no se ha roto. El joven ministro de la Educación, Gabriel Attal, altamente valorado por la opinión gala, toma el relevo. Espera las revisiones del Consejo Constitucional sobre algunas disposiciones de la ley recién votada que quebrantan principios fundamentales como la igualdad de derechos sociales y el derecho de suelo. Si surgen censuras, molestas para Los Republicanos de Ciotti o el Reagrupamiento Nacional de Bardella puede desencadenarse la jauría sobre «el gobierno de los jueces» y contra la misma Constitución, acusada por la extrema derecha de obstaculizar la voluntad del pueblo.
«Francia es una cultura, una historia, una lengua, unos valores universales que se aprenden desde la más tierna edad», insistía Macron. En contra de la extrema derecha, Attal los viene reimplantando en la escuela republicana. Se espera de él algo más que un portavoz del jefe del Estado.
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