RSC

En este contexto no encuentro explicación a la virulenta respuesta de los grandes grupos empresariales, en los ámbitos bancario y energético, a la puesta en marcha por parte del gobierno de medidas fiscales temporales que les afectan, que tienen como objetivo obtener recursos públicos para destinarlos a programas que ayuden a paliar las consecuencias de la inflación a los sectores económicos y familias más vulnerables.

Estamos hablando de medidas fiscales que están instrumentando una buena parte de los países de la Unión Europea. En modo alguno se puede considerar que el gobierno español se esté apartando de la corriente europea. Más bien al contrario, son lo que se oponen a estas medidas los que no siguen la senda de Europa.

En el caso de España, ambos sectores comparten una serie de características. Actúan en un régimen de oligopolio, lo que dota a las empresas de un enorme poder sobre el mercado. Obtienen beneficios extraordinarios no sólo por su buena gestión si no como consecuencia de decisiones externas tomadas por los gobiernos y/o los reguladores.

Así, en el sistema marginalista del mercado eléctrico la última energía en cubrir la demanda energética, la más cara y que suele ser el gas natural, pone el precio a todas las demás, generando un enorme beneficio para las empresas eléctricas que venden energías más baratas.

En el caso del mercado financiero, por un lado, la crisis del 2008 provoco que España tuviera que rescatar el sector, aportando ingentes cantidades de recursos de todos los españoles, lo que al final se he traducido en una gran concentración del sector con muy pocos actores. Por otro lado, el Banco Central Europeo ha determinado la subida de los tipos de interés, como instrumento para combatir la inflación, lo que beneficia al sector financiero que la ha de permitir incrementar los márgenes y, con ello, los beneficios.

Es decir, lo que beneficia a ambos sectores tiene efectos perjudiciales para el conjunto de la sociedad.

El debate es como se reparte el dolor, en palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE.UU., como consecuencia del incremento de los tipos de interés que provocará una contracción de la economía.

Hay que decir que las causas de la inflación no son consecuencia de decisiones tomadas por el gobierno, son exógenas al mismo: cadena de suministros aún no restaurada totalmente desde la pandemia (los coches almacenados en el Puerto de Santander que daba cuenta recientemente El Diario Montañés son un buen ejemplo), guerra de Putin que utiliza la energía como arma.

Pero tampoco debemos de olvidar la influencia en la determinación de precios en mercados dominados por oligopolios (sector financiero, energético y tecnológico). Según Isabel Schanable (miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo) «los beneficios empresariales han sido recientemente un contribuyente clave de la inflación interna. Los trabajadores han soportado el peso del choque inflacionario ya que el crecimiento del salario nominal se ha mantenido silenciado».

Según la Confederación Europea de Sindicatos, los dividendos pagados por las empresas han crecido siete veces más que los salarios. En España la diferencia es más escandalosa, los pagos por dividendos, estimulados por el sector bancario, crecieron un 97,7% frente a un 3,3% de los salarios. En este contexto, las medidas fiscales del gobierno para compensar los beneficios extra de bancos y energéticas son muy modestas.

Así pues, para estas grandes corporaciones que alardean de su RSC, ¿qué mejor programa de responsabilidad social que contribuir a un reparto del dolor más justo?, que impida que la brecha de la desigualdad se amplíe y cronifique. Caldo de cultivo perfecto para el miedo y, con ello, comportamientos sociales y políticos que generan más inestabilidad e incertidumbre. Mal campo para la economía.

Si no lo quieren hacer por altruismo al menos que lo hagan por el negocio.