La salud laboral, un derecho fundamental

Los efectos más visibles del covid-19 son las más de 131.000 personas contagiadas y 837 muertes en Cantabria desde el inicio de la pandemia, pero a medida que pasa el tiempo afloran otras cuestiones, como las derivadas de los casos de covid persistente, que exigen de políticas de prevención y de Seguridad Social específicas que aún no se están desarrollando. Otras cuestiones siguen pendientes, como que se incluya el covid-19 en el listado de enfermedades profesionales para que las personas trabajadoras cuenten con una prestación.

La pandemia ha sacado a la palestra, además, el problema de salud mental en nuestra sociedad. Los sindicatos ya veníamos denunciando cómo la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo están afectando a la salud de la población trabajadora, pero las patologías derivadas de la exposición a riesgos psicosociales no se consideran enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo. Es urgente desarrollar legislación específica e impulsar políticas públicas para afrontar este problema.

En Cantabria, los accidentes de trabajo con baja repuntaron en 2021 un 11,43% respecto al año anterior, como cabía esperar después de un 2020 en el que disminuyeron un 13,69% por el frenazo de la actividad productiva debido al inicio de la pandemia. Aunque la incidencia de la siniestralidad se mantiene en valores inferiores a los del 2019, sigue estancada y no ha sido posible reducirla en la última década. Es esencial, ahora que la actividad parece volver a relanzarse, impulsar políticas públicas activas en materia de prevención y un aumento de la actividad inspectora.

El subregistro de enfermedades profesionales se ha intensificado durante la pandemia. En Cantabria, solo se comunicaron 412 partes de baja por enfermedad profesional en 2021 -cuando se publicaron los últimos datos anuales-. El procedimiento de notificación y registro es inoperante y priva a las personas trabajadoras del reconocimiento del origen laboral de su enfermedad y del acceso a las prestaciones a las que tienen derecho, además de tener un impacto muy negativo en la prevención.

En esta legislatura, Gobierno y agentes sociales hemos acometido políticas y cambios legislativos para afrontar los desafíos de la pandemia y de la precarización del sistema de relaciones laborales que han supuesto un giro en las políticas sociolaborales. Ejemplo de estos cambios son los ERTE, las subidas del SMI o la Reforma Laboral. Estos pasos para acabar con la precariedad deben ir acompañados de políticas decididas en materia de prevención de riesgos.

En este contexto, el Gobierno debe poner el foco en la prevención de riesgos laborales y en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Es necesario repensar el modelo de gestión preventiva en las empresas y fortalecer los organismos con competencias en esta materia.

Son necesarios cambios legislativos para interiorizar la prevención en el seno de las empresas y revertir las normas que permitieron asumir la prevención al empresariado en las empresas de hasta 25 personas trabajadoras. Debe mejorar la calidad de las actividades preventivas, incorporar perspectiva de género y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo.

Es fundamental ampliar los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos técnicos como el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dotar a la Fiscalía de más recursos para poder abordar con más intensidad los delitos de riesgo y daño a la salud de las personas trabajadoras y culminar la creación del delegado o delegada de prevención territorial para todas aquellas empresas que no disponen de representación sindical.

Actualmente, estamos inmersos en la negociación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, que abrirá el paso a la negociación de la Estrategia Cántabra, en la que la prioridad sindical es que se garanticen entornos laborales seguros con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de la siniestralidad.