Salvar empresas

No solamente la apoya, sino que cree que debe ser ampliada y modificada, en beneficio de las empresas. Cuando se implantó en primavera, se pensaba que la pandemia de coronavirus duraría como mucho un año. De acuerdo con esta idea, el tiempo de carencia (es decir, el tiempo en el que quien recibe el crédito no tiene aún que empezar a amortizarlo) se fijó en un año. Así, es en marzo de 2021 cuando las empresas tendrán que comenzar a devolver el dinero recibido gracias al paraguas del ICO.

Sin embargo, es evidente que ahora es una fecha demasiado prematura. Para marzo del año próximo la economía no estará, ni mucho menos, recuperada. La Comisión Europea acaba de rebajar nuestras perspectivas de evolución del PIB para este año (-12,4% frente al -7,8 de la zona euro) y aunque en el próximo el porcentaje sea algo mejor (+5,4% frente a un 4,2% de la Eurozona, este índice parte de una base más baja y en realidad resulta totalmente insuficiente. Como puede entenderse, crecer dos puntos más cuando antes te has caído casi cinco puntos por debajo no es una evolución que permita hablar de recuperación consolidada.

Por esta razón, el Gobierno de España debería ampliar otro año más el periodo de carencia, es decir, hasta marzo de 2022. Así lo han solicitado las empresas e incluso las entidades financieras, que temen que un inicio demasiado rápido de los cobros conduzca a un incremento de préstamos fallidos, que deteriora sus cuentas y aumenta sus necesidades de recapitalización. Tanto CEOE-Cepyme como otras entidades intentan que el Gobierno asuma esta prolongación del periodo de carencia, de modo que los negocios puedan sobrevivir a un primer semestre que puede resultar muy duro con los mercados.

Sería necesario también que aquellas autonomías que, como Cantabria, han implementado pequeños complementos de aval a las operaciones con el ICO, mantengan también dicha cobertura hasta 2022. Cada euro de alivio es un impulso a la capacidad de resistencia de nuestras empresas y de los miles de empleos que ellas sustentan. Como ya se advirtió en otras crisis económicas, si no se sostienen determinados negocios, su cierre causa situaciones ya irreparables y deja cicatrices profundas en el tejido económico de una región. Antes de llegar a estos daños permanentes e irresolubles, resulta mucho más oportuno seguir inyectando oxígeno en el aire financiero que respiran nuestros empresarios.

Si así lo hacemos, mayor número de empresas podrán sobrevivir; mayor número de empresas podrán aprovechar los vientos de una futura recuperación; y de este modo se incrementará el nivel de cumplimiento de las amortizaciones, reduciendo los impagos, mejorando los balances de los bancos y animándoles a seguir financiando el progreso de una economía ya sin coronavirus.

Hasta ahora la actitud del Gobierno de España no ha sido clara ni positiva. Se ha respondido con el típico «se estudiará», que no quiere decir nada y ni tranquiliza al mundo de la empresa ni al de los bancos (por extensión, al mundo de la inversión y al valor de nuestras empresas en los mercados bursátiles), ni, por descontado, a sus plantillas de trabajadores.

Es importante comprender, asimismo, que, siendo nuestra vida empresarial la fuente nutricia del estado del bienestar, que con los impuestos generados en el mercado se financia, cualquier destrucción duradera de tejido empresarial y de oportunidades de negocio es un torpedo en la línea de flotación de nuestros servicios esenciales. Cuando los datos dicen que la caída del PIB español este año es la mayor de toda Europa, es decir, que nadie como los españoles está sufriendo en sus carnes económicas las consecuencias del covid-19, hay que tomarse muy en serio el problema de la preservación de nuestra «demografía» empresarial. Y en el caso cántabro esto es aún más acuciante porque, recordemos, las previsiones de los presupuestos general del Estado y los de Cantabria para 2021 son muy poco expansivas en inversiones y no van a ser realmente instrumentos aceleradores de una recuperación, por falta de ambición. Es imprescindible la cobertura crediticia a los empresarios e, indirectamente, a sus trabajadores.