Salvemos la sanidad pública

Durante estos meses, a pesar de las situaciones adversas, como la falta de material de protección o de organización adecuada de los servicios asistenciales, hemos sido capaces de sobreponernos mediante nuestra voluntad y esfuerzo, lamentando, eso sí, la perdida de decenas de compañeros fallecidos a causa del contacto con pacientes infectados por el covid.

Dentro de esa voluntad no ha faltado la mano tendida al Ministerio de Sanidad y a las distintas consejerías autonómicas para intentar paliar, con nuestro conocimiento como expertos de la situación de la profesión médica, la falta de profesionales y los mejores métodos para conseguir la mejor atención a los ciudadanos. Nos hemos comunicado mediante cartas, escritos y todos los medios a nuestro alcance para poder sentarnos en la mesa a dialogar unas medidas similares a las que se han adoptado en otros países. La respuesta de la Administración ha sido de silencio o en algunos casos de menosprecio, con el «todo vale porque lo digo yo».

La última gota que ha llenado el vaso ya previamente colmado ha sido la aprobación del Real Decreto 29/2020 que supone un grave peligro para los pacientes y ataca lo que consideramos una sanidad pública de primer nivel. Dicho decreto lesiona gravemente la normativa comunitaria en cuanto a derechos de los trabajadores y reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Es incompatible con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y deja sin efecto todo el sistema de formación de especialistas MIR, que ha sido la base del éxito de nuestro sistema sanitario.

Permite ejercer como especialistas a médicos que carecen de la misma o tienen otra distinta, poniendo en grave riesgo a los pacientes, que no tienen asegurado el poder ser tratados por un especialista de su enfermedad. Y permite la homologación de especialistas formados en otros países, sin el análisis riguroso de convalidación existente hasta ahora para asegurarnos de que su especialidad cumple los exigentes requisitos europeos.

Ningún país medianamente serio fulmina un sistema sanitario como lo está intentando el Ministerio de Sanidad a través de este decreto, que ataca ferozmente a lo más íntimo de nuestro sistema, la capacitación de nuestros profesionales. Nos hemos convertido en el único país de la Unión Europea que no exige formación especializada a sus médicos para ejercer en el sistema sanitario público. Nuestro Gobierno ha renunciado con ello a que los españoles tengamos las mismas garantías de calidad en la asistencia sanitaria que recibimos que el resto de ciudadanos europeos. Hemos dejado de ser Europa en lo que a la Sanidad se refiere.

Mientras rebuscamos para encontrar médicos sin la formación adecuada aquí y en otros lugares, el número de médicos con su especialidad vía MIR ya terminada, que ha emigrado a otros países europeos en busca de una estabilidad laboral y un proyecto de vida que aquí somos incapaces de darles, no hace más que aumentar, 12.000 en los últimos 10 años y 2.000 de ellos en el 2019. Se va lo mejor de nuestras jóvenes generaciones.

En resumidas cuentas, en vez de seguir la estela de dichos países europeos que han habilitado partidas de emergencia para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y retener talento, aquí estamos optando por lo contrario: rebajamos el nivel de exigencia para que puedan acceder profesionales sin la formación adecuada, prescindiendo incluso de la especialización vía MIR obligatoria en toda la Unión Europea. En un hecho sin precedentes toda la profesión médica, Consejo Nacional de Estudiantes de Medicina, la Organización Médica Colegial, la Asociación de MIR españoles y las sociedades científicas apoyan estas movilizaciones de nuestro colectivo, porque saben lo que está en juego, salvaguardar la calidad asistencial del sistema sanitario español y poder velar por la seguridad en la asistencia médica que reciben los ciudadanos.

Este decreto crea una sanidad de dos velocidades. Pacientes atendidos por médicos formados vía MIR con todas las garantías, otros pacientes atendidos por médicos sin la necesaria cualificación. La sanidad pública seguirá siendo universal y gratuita pero ya no de calidad; de la calidad mínima que requiere un país dentro del corazón de Europa.

Por eso invitamos a los ciudadanos a que se unan a los médicos en todos los actos reivindicativos que organicemos para defender uno de los mayores logros de nuestro estado de bienestar, ahora seriamente amenazado. Necesitamos que salgáis a la calle con nosotros a defender nuestra sanidad, que es la de todos.

Este martes haremos un día de paro y una concentración ante la Consejería de Sanidad, que se repetirá el último martes de cada mes hasta que se nos escuche. Los ciudadanos deben decidir si pelean con nosotros o permiten que la Sanidad continúe la senda de deterioro a la que nos están llevando nuestros gobernantes.