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Llevo años sabiendo, a pesar de que no poseo ninguna dote adivinatoria, que un día me encontraría delante de un teclado escribiendo este artículo, con un colega salvajemente agredido sin saber aún, mientras redacto estas líneas, si perderá definitivamente la visión de un ojo.
A día de hoy no hay un solo médico del Servicio Cántabro de Salud que no se haya visto forzado a acceder en contra de su voluntad a satisfacer las demandas no justificadas de un paciente para evitar ser agredido.
Y no es porque no hemos avisado reiteradamente de ello; no ha sido porque no hayamos presentado múltiples propuestas, recogidas además por este periódico, para tratar de atajar un problema que no deja de ir a más. Un cáncer, una lacra social como es el agredir a nuestros cuidadores, a los encargados de proteger nuestra salud, que dice muy poco de la sociedad en la que se instaura y que sólo se ataja con mano dura, haciendo ver a los agresores la aberración que constituyen sus actos.
En vez de eso, la Consejería de Sanidad y, por añadidura, el Gobierno de Cantabria se han dedicado a ignorar las evidencias y a contemporizar con los agresores, sin dar un apoyo explícito a sus profesionales y encontrando siempre excusas para justificar el comportamiento de los violentos, hasta el extremo, como llegó a verbalizar un gerente, que «esto (lo de las agresiones) formaba parte de nuestro trabajo».
Un indicativo de la nula importancia que tenemos los profesionales sanitarios para nuestros gestores lo ejemplifica bien lo que nos sucedió a los miembros del Sindicato Médico la mañana después de la agresión cuando habíamos sido convocados a una reunión con el subdirector de Recursos Humanos del SCS, máximo responsable en lo que a temas de personal se refiere, para tratar unos asuntos de la próxima OPE nacional que han fijado como prioridad. A la salida de la misma, recibimos la llamada de una compañera para contarnos lo sucedido la tarde anterior. Inmediatamente rebotamos la información al subdirector, pensando que, al igual que nosotros, desconocía lo sucedido. Para nuestra sorpresa, nos comentó que lo sabía desde la noche anterior. En las casi tres horas de reunión ni una palabra de lo sucedido cuando lo lógico habría sido dejar todo lo demás en suspenso y dar prioridad a la agresión y a la búsqueda de soluciones para abordar el problema.
Me produce estupor cómo mientras escribo estas líneas, el consejero de Sanidad convoca una concentración para rechazar la violencia cuando apenas hace un mes su partido político, junto a sus socios de coalición, rechazaron dos Proposiciones no de Ley en el Parlamento de Cantabria para que la Consejería de Sanidad sancionara administrativamente a los violentos (recogido en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria del año 2002 y que nunca han hecho) como recomiendan los expertos y para poner seguridad privada en los centros. Las contrapropuestas del PSOE y PRC fueron «concienciar, informar y formar». Díganselo al médico agredido.
Mientras que en todos los edificios públicos del Gobierno donde trabajan políticos hay seguridad privada a nosotros se nos niega porque no hay presupuesto, dicen desde sus despachos bien protegidos.
Los mismos que toman las decisiones que están llevando a la sanidad cántabra a la situación de deterioro en la que se encuentra generando una crispación sin precedentes en los ciudadanos, son los que nos usan a los profesionales como escudos humanos contra esa crispación que desemboca en agresiones por parte de los más violentos.
No se les cae la cara de vergüenza cuando nos dicen en reuniones a puerta cerrada que cada año faltan en Sanidad unos doscientos millones de euros pero que ponen cifras irreales para facilitar su aprobación por sus socios para después intentar ir rascando lo que les falta de la consejería de Economía y Hacienda.
Hubo una época en la que los profesionales éramos los responsables de velar por la salud y bienestar de nuestros pacientes y los gestores eran aquellos a los que exigíamos los medios necesarios para ello. Hace tiempo que esto cambió, erigiéndose nuestros gestores y políticos en los únicos garantes de la salud a la vez que infradotan de los recursos necesarios para ello a sus profesionales y los culpabilizan de los resultados.
En cambio, hay dinero de sobra para proyectos estrella que no necesitamos, como la protonterapia, a la que se aferran como tabla de salvación nuestros gobernantes después de tantos proyectos fallidos, mientras se dejan morir los hospitales comarcales, como el de Laredo, con parches como enviar médicos de Valdecilla, que tampoco sobran y que además de no resolver el problema allí empeorará la asistencia en Valdecilla o que a partir del 1 de agosto se recortarán en más de cuatro mil a la semana las consultas en los centros de salud porque el presupuesto para abrir por las tardes se acaba a finales de julio, lo cuál traerá más crispación y, por desgracia, más sobrecarga y más violencia contra nosotros.
Mientras tanto, cuando nos concentrábamos el pasado domingo en el lugar de la agresión, nuestro presidente andaba de feria gastronómica por Asturias, sin tiempo para dedicar unas palabras de repulsa por lo sucedido porque, ya sabemos todos, la Sanidad de Cantabria no es cosa suya.
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Ana del Castillo
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