La osadía de la ignorancia

Puedo entender que un político desinformado y mal asesorado cometa un error en la gestión pública que acabe con 28 años de relación satisfactoria con una empresa de su ciudad, sexta del país en la especialidad, que llevó a Santander al mayor reconocimiento nacional y a los primeros puestos del ranking en excelencia de servicios públicos. Pero no lo entiendo cuando compruebo las razones que alegan sorpresivamente sin ajustarse a la realidad. Y no lo digo yo, sino las reiteradas sentencias que tumban la principal causa del presunto incumplimiento basado en el informe de la Intervención del Ayuntamiento sobre un cobro indebido de Ascán-Geaser de más de 7 millones de euros por falta de subrogación de personal que desmontan taxativamente sentencias que, según la alcaldesa, «ha ganado ella».

Una administración pública puede rescindir un contrato con o sin razón, para dilucidarlo están los Tribunales. Pero cuando se rescinde, los pliegos establecen la obligación del rescindido (la adjudicataria) de continuar ejecutando el contrato hasta que haya otro.

La ley es clarísima: puede hacer el servicio el propio Ayuntamiento o puede convocar un concurso de urgencia y ordenar al adjudicatario original seguir realizándolo. Pero lo que no puede es adjudicar un contrato por emergencia si no la hay. Emergencia es una guerra, epidemias por insalubridad u otras situaciones de extrema gravedad, pero la alcaldesa recurre a esta figura porque le permite expulsar a Ascán, meter a otro a dedo, hacer un pliego confuso y chapucero, que han anulado los tribunales, sacar nuevo concurso y adjudicarlo en esta legislatura, quizá porque conoce las chapuzas que esconde y no tiene la seguridad de repetir mandato.

La premeditación de Gema Igual para desalojar a Ascán del Ayuntamiento queda probada con muchos hechos, entre ellos cuando envía, a petición de los Juzgados, el «desordenado expediente administrativo», según el juez, en el que hay correos electrónicos que dirige a Ferrovial (Prezero) la directora de Medio Ambiente, personal de su confianza clave en este asunto porque por sus informes el interventor comete un error garrafal. Y lo hace días antes de la rescisión del contrato y de la declaración de emergencia pidiendo precio del trabajo que le va a adjudicar. ¿Cómo se llama esto jurídicamente? Todos lo sabemos, y lo que cito está en los expedientes judiciales en curso.

Los actos del equipo de Igual desacreditan a una empresa por incompetencia profesional basándose, sobre todo, en incumplimientos con la plantilla, pero los tribunales dan la razón a Ascán en ese extremo en ocho sentencias, algunas firmes, y la alcaldesa se vanagloria de que ahora se limpia bien, cuando todos comprobamos lo contrario gastando 6 millones de euros más cada año.

El nuevo pliego anulado ascendía a 22 millones de euros sin servicios como la limpieza de playas y con un convenio caduco que solo en los tres primeros años lo iba a incrementar en 6 millones, lo que demuestra el desfase presupuestario del pliego anterior elaborado por Íñigo de la Serna, que rebajó costes en los servicios ciudadanos. Y pese a las reiteradas propuestas de Ascán para solucionar y paliar los efectos del pliego económicamente insuficiente para la calidad de la limpieza, todo fue inútil. La alcaldesa, incapaz de arreglar la situación provocada por ellos y afrontar su responsabilidad, buscó un chivo expiatorio, se lavó las manos y señaló a un inocente con una frialdad y beligerancia espeluznantes. Esto, como vecino de Santander y empresario comprometido con mi región, me lleva a otra reflexión: me siento orgulloso de mi ciudad y me entristece en lo que la han convertido no solo en los servicios, veo el centro, antes esplendoroso con comercios pujantes, y hoy con locales cerrados consecuencia de decisiones de políticos.

Sinceramente, no veo que la solución esté en personas con desconocimiento demostrado para administrar y buscar el bien de ciudadanos y empresas, que son las impulsoras del progreso. A veces, con la osadía de la ignorancia se cometen barbaridades de gran trascendencia, aunque no hay mayor corrupción que elegir a personas para cargos que están por encima de su nivel de competencia, capaces de acabar con el trabajo y el esfuerzo de familias, empresas y empleados que solo cumplen con su deber.