El segundo curso de la pandemia y algo más

Por todo ello, el Gobierno de Cantabria no debería escatimar esfuerzos a la hora de afrontar todos estos desafíos. El más costoso de ellos, porque requerirá de la contratación de más profesorado, será mantener la distancia de seguridad reduciendo las ratios de las aulas. La Consejería de Educación ha desplegado para ello un centenar y medio más de docentes durante este primer trimestre, pero se ha negado a garantizar su mantenimiento hasta el final del curso. Argumenta razones presupuestarias, o sea, no poder asegurar que en las cuentas de Cantabria de 2022 se consignen las partidas necesarias para sostener este cupo extraordinario durante todo el año. Cuesta pensar que la Administración contemple la posibilidad de suprimir en enero ciento cincuenta docentes que estaban nombrados desde el 1 de septiembre. Volver a fusionar aulas que estaban desdobladas, cambiar tutorías, rehacer horarios y reorganizar, en definitiva, el centro a mitad de curso, esto es, un totum revolutum, serían las secuelas de esta decisión y el peaje que habría que pagar por la falta de peso político de la consejera de Educación. Porque solamente desde la perspectiva de un gobierno autonómico en el que la Educación no es una prioridad se podría entender una decisión de tan nefastas consecuencias.

En este comienzo de curso hemos sobrepasado el ecuador de la legislatura. Parece pertinente que ahora, y más allá de las lógicas preocupaciones por la pandemia, nos preguntemos también por el proyecto que el regionalismo tiene pensado para el sistema educativo de esta Comunidad. Son tantas las cuestiones sobre las que la actual administración apenas dice nada, primero con la excusa de que estaban aterrizando y después porque la crisis del coronavirus lo tapaba todo, que, a fecha de hoy, no sabemos exactamente qué es lo que el PRC piensa hacer con la educación de Cantabria, salvo gestionar tecnocráticamente el día a día hasta que termine la legislatura. Esta administración tiene por delante cuestiones cruciales sobre las que está obligada a fijar una posición, como, por ejemplo, el descenso demográfico que ha hecho que desde el curso 2013-14 sea cada vez menor el alumnado que entra en el sistema. La Consejería debería tomar una decisión en torno a una reducción sistemática de ratios máximas, si no quiere que el desfase entre la oferta educativa y la demanda de puestos escolares conlleve una reducción de estos últimos. En relación con este contexto demográfico -y no sólo por ello-, debería aclarar otra cuestión estratégica capital como es su prioridad respecto a la dialéctica entre enseñanza pública y privada. En lo puramente laboral, la Administración sigue sin afrontar una adecuación retributiva del profesorado, pendiente desde hace una década; por no hablar del problema de rebajar las elevadísimas tasas de temporalidad que soporta el sistema, garantizando a la vez la estabilidad del personal interino de cuya contratación se ha venido abusando tal y como sentenció el TJUE en marzo de 2020. Adaptar la nueva ley educativa (Lomloe) a la realidad de esta Comunidad, potenciando nuestra identidad y respondiendo a las demandas sociales sobre asuntos como igualdad o sostenibilidad, dar un nuevo impulso a la atención a la diversidad, acometer un plan de modernización de edificios escolares... Tareas pendientes todas ellas sobre las que la Consejería guarda un silencio atronador. Con independencia de que la pandemia siga gravitando sobre el sistema educativo durante meses, todas las cuestiones que acabo de apuntar tienen que ser abordadas, discutidas públicamente y, en última instancia, negociadas con los representantes de los diferentes sectores de la comunidad escolar. De no ser así y de no empezar ya, esta será, desgraciadamente, una legislatura perdida desde el punto de vista educativo.