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Después de meses y más meses justificando la obligatoriedad de aplicar las mismas restricciones en toda Cantabria, el Gobierno ha hecho saltar por los aires ... sus propios argumentos para implantar un modelo de semáforo covid que evalúa el riesgo por municipios. Lo que antes era imposible, ya no lo es.
El cambio ha servido para dejar al descubierto la mentira y la manipulación del Gobierno de Revilla, pero no nos permite avanzar puesto que no solo traslada el ámbito de aplicación de las medidas de la comunidad autónoma al municipio, sino que de forma inexplicable endurece los criterios para avaluar el nivel de riesgo y mantiene las restricciones al máximo como si estuviéramos en el peor momento de la pandemia.
El modelo distorsiona la realidad epidemiológica especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes y provoca situaciones tan absurdas como la de Colindres, declarado en el nivel máximo de alerta, con todas las restricciones que eso conlleva, con 12 casos de covid en una población de 8.500 habitantes.
El Gobierno de Revilla sigue apostando por el cerrojazo económico cuando lo que debería hacer es justo lo contrario, desescalar, relajar las medidas conforme avanza la vacunación.
Además, deja a Cantabria en vilo, permanentemente pendiente del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), sin que nadie sepa qué va a ser de su vida, de su negocio y de su empleo más allá de siete días sencillamente porque no tiene un plan, porque es incapaz de anticiparse y de planificar.
Mientras otras comunidades avanzan hacia la normalidad al compás de la vacunación, aquí se nos dibuja un futuro a siete días, sin que nadie sepa tampoco cuánto tiempo vamos a tener que estar pendientes del color de un semáforo y qué objetivo hay que alcanzar para que se retire.
Es demencial y no tiene ni pies ni cabeza a estas alturas de la pandemia, con el fin del estado de alarma y de las restricciones a la movilidad y con la población mayor, vulnerable y esencial vacunada.
Cantabria no se merece este sinsentido, este modelo que no conduce a ninguna parte. Lo que necesitamos es una hoja de ruta, un plan de transición a la normalidad vinculado al objetivo de vacunación, porque no es lo mismo que la población esté vacunada o que no lo esté, ni tener inmunizada al 40% que al 70%.
Y eso es lo que pedimos y defendemos en el Partido Popular, un verdadero plan de desescalada que conjugue la respuesta sanitaria y el avance social, que pivote sobre el criterio general de apertura y no de cierre, y que permita modular y flexibilizar las restricciones a medida que avance la vacunación.
Ya hay ejemplos de que esto se puede hacer. Andalucía permite la apertura total de la hostelería hasta las doce de la noche en todos los niveles de alerta sanitaria y establece como medida de refuerzo el cierre perimetral y la suspensión de toda la actividad no esencial en los municipios de más de 5.000 habitantes que registren una incidencia acumulada, a 14 días, de 1.000 casos por cada 100.000. Sus restricciones en la hostelería para un nivel cuatro, son las que en Cantabria se aplican para un dos.
Así es como se activa la economía y, al mismo tiempo, se protege la salud de la población, pero en Cantabria vamos de sanjuanada en sanjuanada. La última, la prolongación del horario de la hostelería por municipios. Está claro que el Gobierno de Revilla ha optado por no complicarse la vida a costa de complicársela a los ciudadanos.
Nadie es partidario de una desescalada sin control como la que Pedro Sánchez originó en la madrugada del 9 de mayo tras expirar el estado de alarma sin un Plan B y sin escuchar a las comunidades autónomas.
Pero tampoco es admisible una contra-desescalada, ese empecinamiento en ir siempre al extremo cuando la situación ya es sustancialmente distinta. Hay que seguir un criterio de apertura, de libertad moderada por la prudencia, no de autoritarismo salpicado de medidas caóticas y contradictorias que dan lugar a que un cántabro de un municipio en semáforo rojo se pueda ir tranquilamente al interior de un establecimiento de un municipio en verde o a que se pueda hacer una fiesta en una vivienda, pero no en un local de hostelería de manera segura, condicionada y controlada, mientras nos visita media España.
Cantabria necesita una desescalada coherente, justa y eficaz y el Gobierno PRC-PSOE le está fallando. Con nuestra propuesta, la situación sería mucho más razonable. ¿Atenderá el Gobierno?
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