¿Para qué sirve una huelga?

Puesto que lo que voy a exponer es subjetivo amén de cuestionable, quiero empezar aclarando dos puntos: el primero es que, como norma, estoy a favor del derecho de huelga correctamente ejercido (esto es, ejercido sin violencia y sin que implique chantaje alguno a la sociedad); el segundo es que en esta ocasión sólo me refiero a grandes huelgas, las que tienen un enorme calado público, como la muy reciente del transporte por carretera, que, por este motivo, tomo como ejemplo.

Tras el acuerdo firmado entre el Ministerio y los transportistas (tanto los representantes de los convocantes de la huelga como los de otras asociaciones), parece que deberíamos estar inclinados a decir que estos últimos son los ganadores de la misma. Quizás no hayan conseguido todo lo que pretendían, pero sí han logrado algunas de sus reivindicaciones. No estoy convencido, sin embargo, de que sean los ganadores o, al menos, no me parece que lo sean de forma clara y rotunda. Y pienso así porque, durante la huelga, los transportistas seguidores de la misma han incurrido, por un lado, en una disminución significativa de sus ingresos (se supone que día que no trabajan día que no cobran) y, por otro, en unos gastos que, derivados de las movilizaciones realizadas por autovías, carreteras, ciudades y pueblos, me imagino que no son despreciables. ¿Han hecho cuentas y tienen la certeza de que, unas cosas con otras, han salido beneficiados? Los verdaderamente ganadores son, a mi juicio, las grandes empresas de transporte y los especuladores.

En cualquier caso, lo que sí tengo muy claro es quienes han perdido con la huelga. En primer lugar, aunque no sea el colectivo que más manifieste su malestar, hay que contabilizar a la ciudadanía en general, que se ha visto tremendamente afectada en su cotidiano quehacer (más en unos sitios que en otros) y que, en algunos casos, se ha visto privada de abastecerse de productos bastante convencionales y normales; a esto hay que añadir, naturalmente, la carestía que, al calor del desabastecimiento, han experimentado determinados productos (alimentos, sobre todo).

Por otro lado, no me cabe ninguna duda de que, entre los grandes perdedores de la huelga, se encuentran todos aquellos sectores que más directamente dependen, en su actividad cotidiana, del transporte por carretera: la agricultura, por la falta de sentido en la recolección de algunos productos hortícolas ante la imposibilidad de colocarlos en los mercados y, en consecuencia, por la pérdida de muchos de ellos; la ganadería, por razones similares a las de la agricultura, sobre todo en lo que atañe a la recogida de la leche y su posterior tratamiento; y, cómo no, la pesca, porque, después de haber desconvocado su propio paro, no ha podido «volver a la mar» dada la persistencia de la huelga del transporte por carretera.

El tercer gran perdedor de la huelga es el Estado, y lo es por un doble motivo. Por un lado, porque la reducción de la actividad general derivada del paro del trasponte ha traído consigo una caída de recaudación impositiva de cierta entidad; y, por otro, porque el acuerdo recién firmado con los transportistas tiene (en forma de ayudas directas, subvenciones, etc.) un coste bastante elevado que, como bien sabemos, lo sufragará Hacienda, esto es, todos.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y recordando que lo sucedido con la huelga del transporte es similar a lo sucedido con otras grandes huelgas, que se enquistan más de la cuenta y que tienen un coste nada despreciable para toda la sociedad, me pregunto, supongo que ingenuamente, si, cuando se va a convocar una huelga, no sería mejor sentarse entre las partes implicadas y, con la experiencia de lo ocurrido en otras huelgas, intentar por todos los medios alcanzar un acuerdo. ¿Por qué siempre, o casi siempre, hay que esperar a que las cosas se pudran para, a última hora, todos (el Estado el primero) tener que ceder?