El sistema educativo en España, camino de la tragedia

La puesta en marcha de este conjunto de reformas, representadas en distintos tipos de normas jurídicas, a priori podría parecer una idea adecuada. En tanto en cuanto el mundo cada vez se plantea más como un entorno hostil e inestable, que está en constante transformación y cambio, ¿es necesario actualizar la reglamentación y adaptarla a este nuevo -e irreversible- hábitat? En efecto, nuestras enseñanzas medias y universitarias deben sufrir una profunda transformación. Pero no como lo ha hecho este gobierno, ni con su fondo, ni con sus formas.

La educación ha sido y es una herramienta fundamental para la transformación de España, siendo un instrumento básico en el ascensor social, ese resorte del Estado que permite a todo el mundo, en un principio de igualdad de oportunidades, formarse y prosperar en la vida.

Por ello, cualquier cambio, más aún si se trata de reformas estructurales, debe ser fruto de un 'Acuerdo de País'; es decir, un texto que nazca de un Pacto de Estado entre la sociedad civil, o séase, la comunidad educativa, y los partidos políticos. Que sea sostenida en el tiempo por Administraciones de distinto color y por varias generaciones.

La dirección en la que va el Gobierno es la contraria. La LOMLOE, que supuestamente va a brindar buenos datos estadísticos (facilitando la promoción de curso y desincentivando la repetición, cuando puede ser necesaria), solo va a traer un espejismo, que en el medio y largo plazo se revelará en peores actitudes laborales. Habiendo sido, además, un texto que se aprobó sin debate en el seno del Consejo Escolar del Estado y rodillo en mano en las Cortes, valiéndose de la cuarentena de 2020 para pasar a gran velocidad su tramitación parlamentaria.

Resumiendo, la 'Ley Celaá' no busca dotar a las enseñanzas medias de esa capacidad para inculcar los conocimientos de lo que se viene, mundo y sectores digitalizados prácticamente en su totalidad y transversalidad de los conocimientos, haciendo hincapié en la necesidad de impartir esa educación financiera tan importante para el futuro.

Si queremos ganar competitividad como nación, debemos tener como objetivo primordial una mejora de la formación, que traiga consigo una mejora de la productividad, y esto se logra con medidas que suban el nivel y nos igualen por lo alto, y no por lo bajo. Esta devaluación perjudicará a las clases medias y, sobre todo, bajas, siendo los más necesitados del ascensor social. Ya que, sin él, sus posibilidades de mejorar su situación socioeconómica se verán enormemente reducidas.

En lo que al sector universitario se refiere, este curso el ministro Subirats pretende aprobar la LOSU, sustituyendo así a la LOU del 2001. Aunque no con el mismo alcance, medios y formas, el objetivo último de las enseñanzas superiores debe ser también lograr esa transferencia de conocimiento que dote al egresado de la inserción laboral que sea constituyente de independencia y progreso socioeconómico.

Pero sabemos que partimos de un diagnóstico distinto, y es que el entorno universitario es diferente a todos los demás niveles de enseñanza y tiene una serie de singularidades. La nueva ley debe incidir decididamente en la gobernabilidad, la participación, la financiación, la empleabilidad y la investigación en nuestros campus.

Pero vuelve a errar el Gobierno en el fondo y en las formas. Formando parte de las negociaciones y pudiendo comparar a Castells y Subirats, llego a la conclusión de que la visión que pudieran tener de la universidad no es la misma, pero que el corporativismo puede influir de manera tal que, al plasmar esa visión, se diluyen muchas diferencias. Dejándonos una vez más de lado a los estudiantes, no teniendo en cuenta nuestras propuestas y viéndose la ley totalmente desierta de cualquier enfoque de quien se sienta en el aula.

Siendo los estudiantes, presente, futuro y el sector mayoritario de la universidad, el ministro debería auto exigirse sacar adelante un texto consensuado con nosotros.

Se debe introducir urgentemente en la Ley la cooperación intensa entre el sector privado y los campus, creando sinergias y adaptando los currículos universitarios a lo que demanda un mercado laboral cada vez más flexibilizado y cambiante. Es un hecho incuestionable, que la modernización de nuestra educación sigue siendo una asignatura pendiente, y que urge aprobar ya, porque el mundo no nos va a esperar.